Un tribunal federal de apelaciones puso en pausa el miércoles una orden que restringía el uso de la fuerza por parte de los agentes federales de inmigración en el área de Chicago, después de calificar la medida como “demasiado amplia” y “demasiado prescriptiva”.

Pero el Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito también advirtió en contra de una “interpretación excesiva” de su suspensión y señaló que un rápido proceso de apelación podría conducir a una orden “más ajustada y adecuada”.

La jueza federal Sara Ellis emitió hace unas semanas una orden judicial preliminar en respuesta a una demanda interpuesta por medios de comunicación y manifestantes, quienes afirmaban que los agentes federales usaron fuerza excesiva durante un operativo migratorio que ha dejado más de 3,000 arrestos desde septiembre en la tercera ciudad más grande del país y sus suburbios.

Abogados del gobierno argumentaron que la orden restringía la aplicación de las leyes del país y podría “subvertir” la estructura constitucional.

En su orden de suspensión del miércoles, el panel de tres jueces señaló que era probable que los argumentos del gobierno prevalecieran ante el tribunal.

“La orden judicial preliminar que emitió el tribunal de distrito es demasiado amplia”, se indicó en el fallo de dos páginas. “En términos inequívocos, la orden del tribunal de distrito restringe a un amplio rango de demandados, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, todo el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, y a cualquiera que actúe en concierto con ellos”.

Agregó que la orden era “demasiado prescriptiva” al especificar el tipo de armas de control de disturbios y otros dispositivos de tal manera que “se asemeja a una regulación federal”.

Entre otras cosas, la orden de Ellis restringía a los agentes de usar fuerza física y agentes químicos como gases lacrimógenos y bolas de pimienta, a menos que fuera necesario o para prevenir una “amenaza inmediata”. Añadió que las prácticas actuales violaban los derechos constitucionales de periodistas y manifestantes.

Durante una extensa audiencia judicial hace unas semanas, los testigos dieron emotivas declaraciones en las que relataron como fueron rociados con gas lacrimógeno, recibieron impactos de bolas de pimienta en la cabeza mientras oraban y se les apuntó con armas de fuego.

Ellis determinó que los testigos del gobierno federal “simplemente no eran creíbles”, incluido Gregory Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que estuvo al frente del operativo en el área de Chicago antes de trasladarse a Carolina del Norte en los últimos días.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se refirió en un comunicado a la suspensión como “una victoria para el estado de derecho y para la seguridad de cada agente”.

Los abogados de la parte demandante no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Bovino, jefe de sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, ha defendido en repetidas ocasiones el uso de la fuerza por parte de sus agentes. Supervisó a unos 230 elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en el área de Chicago desde de septiembre. Después de Carolina del Norte, se tiene previsto el despliegue de agentes fronterizos hacia Nueva Orleans.

Las redadas migratorias en el área de Chicago han desencadenado múltiples demandas, incluidas acusaciones sobre condiciones inhumanas en un centro federal de detención de inmigrantes. La denuncia obligó a que un juez federal y abogados visitaran la semana pasada la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ubicado a las afueras de Chicago.