El presidente Donald Trump anunció este martes planes para flexibilizar una normativa de la era Biden, la cual tenía como objetivo reducir las emisiones de metano —un gas que contribuye al calentamiento del planeta— provenientes de la extracción de petróleo y gas.

La medida busca fomentar una mayor extracción a nivel nacional, en un momento en que Trump enfrenta críticas por los elevados precios del combustible. El metano es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, según estiman los científicos.

En los últimos años, la reducción de las emisiones de metano se ha convertido en una prioridad global para frenar el ritmo del cambio climático. Las operaciones de petróleo y gas constituyen la mayor fuente industrial de metano, el cual es el componente principal del gas natural y, a corto plazo, resulta mucho más potente en la atmósfera que el dióxido de carbono.

Este gas invisible se filtra desde los equipos y, en ocasiones, es liberado a la atmósfera por las empresas extractoras, o bien quemado como un subproducto residual durante la producción de crudo.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, adelantó los cambios el mes pasado, señalando que se eliminará el “Programa de Superemisores” de la agencia, el cual obliga a las empresas a investigar y reparar las fugas importantes de metano en sus instalaciones de petróleo y gas natural. Asimismo, la agencia establecerá normas menos estrictas para los pozos de petróleo y gas de menor escala.

Esta flexibilización de la normativa sobre emisiones se produce mientras Trump y los republicanos en el Congreso han estado desmantelando sistemáticamente las políticas climáticas implementadas durante el mandato del expresidente Joe Biden. Esto incluye la revocación de un dictamen científico fundamental para las acciones de Estados Unidos frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de los estándares de eficiencia de combustible para vehículos y la intención de derogar las restricciones de emisiones para las centrales eléctricas que funcionan con carbón y gas natural.

“Esto impondrá una mayor carga de contaminación sobre nuestras comunidades más vulnerables y hará que nuestro sector energético sea menos eficiente”, afirmó Max Lopez, abogado del Environmental Law & Policy Center.

Zeldin ha sostenido que la normativa sobre el metano habría supuesto un costo de $18,000 millones y estaba frenando a la industria energética estadounidense.

“La EPA bajo la administración Trump está comprometida a corregir esto, para que Estados Unidos pueda alcanzar su pleno potencial energético”, declaró el mes pasado. La normativa de la administración Biden sobre el metano fue anunciada por diversos funcionarios —entre ellos, la entonces vicepresidenta Kamala Harris— durante una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en 2023 en los Emiratos Árabes Unidos. Según los funcionarios federales de la administración Biden, la medida permitiría evitar la emisión de aproximadamente 58 millones de toneladas de metano para el año 2038.

A diferencia de las regulaciones anteriores de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que se centraban únicamente en los nuevos pozos de petróleo y gas en Estados Unidos, la normativa de Biden incluía también los pozos ya existentes. Asimismo, los operadores habrían tenido la obligación de sellar las fugas de metano en pozos de menor envergadura; aunque estos solo representan el 6% de la producción nacional de petróleo y gas, son responsables de hasta la mitad de todas las emisiones de metano provenientes de los yacimientos de hidrocarburos.

La normativa definitiva se publicó en 2024, pero nunca llegó a entrar en vigor. El año pasado, la EPA estableció una prórroga de 18 meses para conceder a las empresas tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos de inspección y a otras disposiciones.

La norma fue diseñada para complementarse con una tasa sobre el metano, aprobada en la ley climática de 2022. Dicho programa contemplaba un “cargo por emisiones residuales” —de hasta 1500 dólares por tonelada métrica de metano— aplicable a los productores de energía que superaran un determinado umbral de emisiones de este gas.

Esta tasa representó la primera vez que el gobierno de Estados Unidos impuso directamente un gravamen, o impuesto, a las emisiones de gases de efecto invernadero. El Congreso la derogó pocas semanas después de que Trump asumiera el cargo.