Un juez federal ha bloqueado la aplicación por parte de la administración Trump de un memorando presidencial de marzo para revocar la autorización de seguridad del prominente abogado de Washington Mark Zaid, dictaminando que la orden -que también apuntaba a otras 14 personas- no podía aplicarse a él.

La decisión marcó el segundo revés legal de la administración el martes, después de que el Tribunal Supremo rechazara permitir a Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago, coronando un primer año en el cargo en el que los esfuerzos del presidente Donald Trump por imponer una agenda arrolladora y perseguir represalias contra adversarios políticos han sido frenados repetidamente por los tribunales.

El juez de distrito estadounidense Amir Ali en Washington concedió la solicitud de Zaid de una medida cautelar preliminar, después de que demandara a la administración Trump en mayo por la revocación de su autorización de seguridad. La solicitud de Zaid lo calificó como un acto de “retribución política indebida” que ponía en peligro su capacidad para seguir representando a clientes en casos sensibles de seguridad nacional.

El memorando presidencial de marzo señalaba a Zaid y a otras 14 personas que, según la Casa Blanca, no eran aptas para conservar sus autorizaciones porque “ya no era de interés nacional.” La lista incluía objetivos de la furia de Trump tanto de la esfera política como de la jurídica, entre ellos la exfiscal general adjunta Lisa Monaco, la fiscal general de Nueva York Letitia James, el expresidente Joe Biden y miembros de su familia.

La acción fue parte de una campaña de retribución mucho más amplia que Trump ha emprendido desde que regresó a la Casa Blanca, incluyendo la dirección de investigaciones específicas del Departamento de Justicia contra adversarios percibidos y la emisión de órdenes ejecutivas radicales dirigidas a firmas de abogados sobre el trabajo legal que no le gusta.

En agosto, la administración Trump dijo que estaba revocando las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios de seguridad nacional actuales y anteriores. Ordenar la revocación de autorizaciones ha sido una táctica retributiva favorita que Trump ha esgrimido -o al menos lo ha intentado- contra figuras políticas de alto perfil, abogados y funcionarios de inteligencia en su segundo mandato.

Zaid dijo en su demanda que ha representado a clientes de todo el espectro político durante casi 35 años, incluidos funcionarios del gobierno, funcionarios de las fuerzas del orden y militares y denunciantes. En 2019, representó a un informante de la comunidad de inteligencia cuyo relato de una conversación entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ayudó a sentar las bases para el primero de los dos casos de destitución contra Trump en su primer mandato.

“Este tribunal se une a otros de este distrito que han prohibido al gobierno utilizar la revocación sumaria de las autorizaciones de seguridad para penalizar a los abogados por representar a personas que le son adversas”, escribió Ali en su orden.

Ali subrayó que su orden no impide que el gobierno revoque o suspenda la autorización de Zaid por motivos independientes del memorando presidencial y a través de los procesos normales de la agencia. La orden preliminar no entrará en vigor hasta el 13 de enero.

Zaid dijo en un comunicado: “Esto no es solo una victoria para mí, es una acusación de los intentos de la administración Trump de intimidar y silenciar a la comunidad legal, especialmente a los abogados que representan a personas que se atreven a cuestionar o hacer responsable a este gobierno”.