Un juez federal extendió el jueves su orden que exige que las autoridades federales otorguen a los inmigrantes detenidos en Minnesota acceso a abogados inmediatamente después de ser arrestados y antes de ser trasladados fuera del estado.

La jueza federal de distrito Nancy Brasel emitió una orden preliminar que requiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) garantice que las personas detenidas en un centro de retención en Minneapolis puedan contactar rápidamente a abogados y comunicarse con ellos de manera privada mientras avanzan sus casos.

“El debido proceso no es un juego de evasión”, escribió la jueza. “ICE reconoce el derecho de los detenidos a tener acceso a un abogado en teoría y en sus políticas escritas, pero no en la práctica. En cambio, ha puesto obstáculo tras obstáculo frente a los detenidos y sus abogados, bloqueando la comunicación entre clientes y representantes legales”.

La decisión de Brasel se produjo después de una orden de restricción temporal emitida el 12 de febrero, cuando señaló que parecía que la agencia federal no había planificado cómo proteger los derechos constitucionales de las personas detenidas durante la ofensiva migratoria de la administración Trump conocida como Operación Metro Surge.

“La Constitución no permite que el gobierno arreste a miles de personas y luego ignore sus derechos constitucionales porque sería demasiado difícil respetarlos”, escribió Brasel en febrero.

El jueves, la jueza extendió su orden original que exige al gobierno garantizar que toda persona no ciudadana detenida en el edificio federal Bishop Henry Whipple tenga la oportunidad de contactar a un abogado dentro de una hora desde su detención.

También mantuvo su requisito de que los detenidos no sean trasladados fuera del estado durante las primeras 72 horas de su detención, para asegurar que tengan tiempo de contactar a sus abogados y que estos puedan intentar detener cualquier traslado.

La organización The Advocates for Human Rights presentó la demanda en enero, argumentando que los inmigrantes detenidos tienen un derecho fundamental a contar con representación legal. La organización celebró la decisión, que permanecerá vigente mientras continúan los procedimientos judiciales.

“La capacidad de hablar libre y privadamente con un abogado es crucial para el debido proceso y esencial para proteger a las personas de decisiones injustas, detenciones coercitivas y deportaciones que ponen en riesgo la vida”, dijo Michele Garnett McKenzie, directora ejecutiva de la firma legal de interés público, en un comunicado.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el fallo.

Durante una audiencia la semana pasada, Jeffrey Dubner, abogado de los demandantes, dijo a la jueza que el cumplimiento del gobierno con la orden de restricción temporal había sido “irregular en el mejor de los casos”.

La jueza emitió su orden inicial el mismo día en que el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, declaró oficialmente el fin de la Operación Metro Surge. Funcionarios del gobierno dicen que las nuevas detenciones han disminuido desde entonces, ya que el número de agentes de ICE en Minnesota se redujo de un máximo de alrededor de 3,000 a niveles cercanos a los anteriores, de poco más de 100. Señalan que ahora hay momentos en los que no hay personas detenidas en el edificio Whipple.

La abogada del gobierno Christina Parascandola dijo a la jueza que ICE había estado cumpliendo con su orden y que extenderla mediante una orden preliminar era innecesario. Indicó que las condiciones en Whipple han “regresado a un ritmo más manejable” tras la reducción de la operación.

Sin embargo, abogados de inmigración locales testificaron que con frecuencia era imposible comunicarse con sus clientes en Whipple, incluso cuando acudían en persona, o saber si sus clientes estaban allí o habían sido trasladados a instalaciones más grandes en Texas.

Una abogada, Hanne Sandison, declaró que cuando ella y otros pudieron entrar al centro bajo la orden de la jueza para observar las condiciones, no logró hacer funcionar los teléfonos. En el único lugar donde funcionaban, dijo, los agentes de ICE podían escuchar cada palabra.