Una jueza federal de Minnesota rechazó este miércoles restringir, al menos por ahora, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado después de que las autoridades lo solicitaran tras la muerte de una mujer estadounidense que fue abatida por un agente federal.

La jueza federal Katherine Menéndez optó por no tomar ninguna decisión inmediata en la primera audiencia del caso presentado por el estado y las ciudades de Mineápolis y St. Paul para que los agentes migratorios enviados por la Administración Trump, pese al rechazo de las autoridades estatales y locales, dejen de actuar.

Tras la muerte de Renee Good, de 37 años, en medio de una redada en Mineápolis, la ciudad fue testigo de una oleada de protestas contra la actuación de los agentes federales y su presencia en las calles.

Como respuesta, los agentes del ICE y otras agencias federales endurecieron su campaña en la ciudad y empezaron a hacer detenciones en casas donde, supuestamente, residen familias de inmigrantes indocumentados.

También se han visto arrestos a personas mientras iban conduciendo sus coches.

“Necesitamos una pausa. Hay que bajar la temperatura”, aseguró el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter, según recogieron varios medios.

La magistrada, pese a no haber tomado una decisión, aseguró que mantendrá el caso en primera línea y dio al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de restricción introducida contra los agentes federales.

Tras ese plazo, avanzó la jueza, las ciudades y el estado tendrán algunos días más para responder.

Según informó la Administración de Trump, los agentes desplegados han detenido a docenas de refugiados que se encontraban en el estado y a partir de ahora reexaminarán su caso.

Minneapolis y St. Paul son ciudades santuario, como se conoce a las que limitan su colaboración con los agentes federales de inmigración para proteger a las personas indocumentadas de detenciones y deportaciones.

En ambas hay una importante comunidad somalí, a la que Trump ha acusado de “destrozar” el estado y de querer cometer fraude con las ayudas sociales, razón que utilizó para enviar a los agentes migratorios.

Dentro de las tensiones entre el Gobierno de Trump y Minnesota, motivadas por dicho despliegue y por la investigación de la muerte de Good, el Departamento de Justicia optó este miércoles por dar un paso más y presentó una demanda contra el estado por, según dicen, aplicar políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), vetadas por el republicano.

“Tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es simple discriminación, y la Administración Trump no tolera tales políticas DEI”, aseguró la fiscal general, Pam Bondi.