Desde la izquierda, el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández; y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; estarán en la reunión.
Desde la izquierda, el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández; y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; estarán en la reunión. (Teresa Canino Rivera)

El gobernador Pedro Pierluisi y su componente financiero del gobierno, los presidentes legislativos y sus respectivos presidentes de las comisiones de Hacienda y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebrarán esta tarde su segunda reunión de trabajo en el contexto de las negociaciones dirigidas a aprobar el Plan de Ajuste de Deuda (PDA, por sus siglas en inglés).

Se trata de una reunión de seguimiento a la celebrada el 24 de agosto, cuando la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko y cinco de los siete miembros del ente fiscal hicieron una presentación sobre el posible acuerdo con los bonistas.

Tan reciente como ayer, Jaresko sostuvo una reunión con miembros del caucus del Senado del Partido Popular Democrático y luego se reunión con los presidentes de las comisiones de Hacienda, Juan Zaragoza y Jesús Santa Rodríguez.

“Debe ser una reunión similar a la primera. Desde entonces ha habido reuniones con los equipos técnicos del componente financiero y la Legislatura”, dijo Santa Rodríguez.

Sin embargo, el senador penepé William Villafañe indicó que nadie de la JSF se ha reunido con el caucus novoprogresista para hacerles una presentación sobre lo que se está acordando.

“Tiene que haber un diálogo directo con todos los legisladores”, sostuvo Villafañe.

En la Cámara, los representantes del PNP tampoco han sido convocados para una reunión con la JSF. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez sí se reunió con algunos la semana pasada para exponerles su posición.

La JSF ha defendido el propuesto PDA argumentando que se rebaja la deuda de $35,000 millones a $7,400 y se reduce el servicio de la deuda, incluyendo Cofina, a $1,120 millones al año cuando el pago, antes de la reestructuración, era de $2,200 millones.

El propuesto acuerdo también incluye una reducción de hasta 8.5% en las pensiones de empleados públicos que generan más de $1,500 mensuales.

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