La ley Promesa, que creó un proceso para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y una junta para controlar las finanzas del gobierno de la Isla, cumplió cinco años el pasado 30 de junio.
La ley Promesa, que creó un proceso para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y una junta para controlar las finanzas del gobierno de la Isla, cumplió cinco años el pasado 30 de junio. (David Villafañe Ramos)

Washington D.C. – Dos organizaciones comunitarias con base en Estados Unidos publicaron hoy un informe en el que subrayan que es momento de “cambiar de dirección” y eliminar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por entender que ha fracasado en lograr una reestructuración de la deuda pública favorable y la recuperación de la economía de Puerto Rico.

Cinco años después de la aprobación de la ley Promesa, la JSF ha fallado en su trabajo, coincidieron el ‘Center for Popular Democracy’ (CPD) y ‘Action Center on Race & the Economy’ (ACRE).

“Aunque Promesa proporcionó herramientas para que Puerto Rico reestructurara su deuda, la ley no ha logrado facilitar un proceso para reestructurar la deuda a niveles sostenibles”, indicó el análisis que advierte que economistas como el premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, y el actual ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, “estimaron que para que la deuda de Puerto Rico sea sostenible, todos los intereses deben cancelarse y el valor nominal de la deuda debe reducirse entre un 50% y un 80%”.

La ley Promesa, que creó un proceso para reestructurar la deuda pública y una junta para controlar las finanzas del gobierno de la Isla, cumplió cinco años el pasado 30 de junio. Los primeros miembros de la JSF fueron nombrados el 31 de agosto de 2016.

Las organizaciones recomendaron al Congreso enmendar Promesa para eliminar la JSF y optar por una legislación que en el pasado han impulsado la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) y la congresista Nydia Velázquez (Nueva York), para auditar la deuda y cancelar deuda pública no asegurada.

Indicaron que debe tenerse en cuenta la situación colonial de Puerto Rico que ha permitido la imposición de Promesa y la necesidad de impulsar un proceso de descolonización. En ese sentido, respaldaron el proyecto de las congresistas puertorriqueñas Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que propone vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

Acentuaron que después de la reestructuración de COFINA, el resto de la deuda, como sugirieron economistas, debió recortarse “entre un 85% y un 95% si Puerto Rico esperaba evitar otra reestructuración de la deuda en los próximos años”.

Sin embargo, estimaron que el plan de la JSF solo reduciría la deuda en un 23%, un porcentaje que piensan se hace más pequeño mientras el ente fiscal alcanza acuerdos adicionales que permitirán a los acreedores recuperar más dinero.

Las organizaciones censuraron además la insistencia de la JSF en recortar hasta el 8.5% de las pensiones de los jubilados del gobierno de Puerto Rico. Afirmaron que Stiglitz, Guzmán y el también economista Pablo Gluzzman advirtieron que “recortes en las pensiones probablemente profundizará la recesión”.

El Center for Popular Democracy es una organización sin fines de lucro que sostiene promueve la equidad, oportunidades y una ‘democracia dinámica”. Action Center on Race & the Economy es un centro de campañas para grupos que promueven la justicia racial y la rendición de cuenta de parte de Wall Street.

El informe - de los investigadores Natalia Renta, Maggie Corser y Saqib Bhatti -, reclama buscar una solución al “poder indebido y los efectos distorsionantes de los fondos de cobertura en la deuda proceso de reestructuración”.

“Muchos fondos de cobertura compraron la deuda de Puerto Rico con grandes descuentos y se convirtieron en actores destacados en el proceso de reestructuración de la deuda, generando miles de millones de dólares en ganancias mientras que los residentes de Puerto Rico enfrentaron medidas de austeridad y una infraestructura en ruinas y mal equipada para resistir desastres naturales. El Congreso debería aprobar una legislación que requiera que los fondos de cobertura divulguen la cantidad que pagaron por la deuda del gobierno y considerar limitar las ganancias que pueden recibir de la reestructuración de la deuda pública”, agregaron.

A su vez, abogaron por deshacer las medidas de austeridad que ha impuesto la JSF, en ocasiones con la aceptación de las autoridades de la isla, y ha limitado servicios esenciales, como los de la Universidad de Puerto Rico (UPR),

Propusieron que la JSF atienda la dependencia de la economía de las corporaciones multinacionales, que promueva el uso de fuentes renovables para la generación de energía y la inversión en infraestructura de salud pública, entre otras cosas.

El informe ofrece trasfondo sobre los nombramientos al ente fiscal, los conflictos que consideran han tenido, por ejemplo, ex miembros de la JSF como Carlos García y José Ramón González, quienes fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que en su momento manejó las emisiones de deuda del gobierno de la Isla.

Al denunciar conflictos de intereses, recordaron que la empresa MIO, una subsidiaria de la principal empresa asesora de la JSF, McKinsey, ha tenido inversiones en la deuda del gobierno de Puerto Rico.

La congresista Velázquez ha liderado legislación que persigue prohibir conflictos de intereses de contratistas que participan de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

La empresa Luskin Stern, por encomienda de la JSF, llevó a cabo un estudio que concluyó que no hubo intercambio de información entre Mckinsey y su subsidiaria, pero también determinó que las inversiones de MIO pudieron percibirse como un conflicto.

Las organizaciones exhortaron a que la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiguen las actuaciones de varios fondos de cobertura de riesgo en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, para determinar si, como se ha alegado, hubo acreedores que manejaron información privilegiada para avanzar sus intereses.

Reacciona la Junta

Por su parte, en una declaración, la JSF defendió su trabajo.

“Antes de Promesa, el gobierno de Puerto Rico pagaba 25 centavos de cada dólar que recaudaba en impuestos y tarifas de su pueblo a los acreedores. El Plan de Ajuste que presentó la Junta de Supervisión para reestructurar la deuda reduciría esa cantidad a alrededor de 7 centavos, debido a reducciones significativas en el valor de las reclamaciones de los acreedores. La bancarrota ha estado frenando a Puerto Rico. Este plan es un paso crítico hacia la resolución”, sostuvo.

También indicó que han buscado que el gobierno de Puerto Rico funcione con responsabilidad fiscal.

“Los presupuestos que la Junta de Supervisión certificó redujeron la burocracia sin despidos de trabajadores del gobierno; aumentó los salarios de maestros, bomberos y policías; e incluyó importantes inversiones en áreas como la atención médica y la expansión de la banda ancha en las zonas rurales. Esas no son medidas incluidas en los presupuestos de austeridad”, agregó la declaración.

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