Aunque algunas de las medidas ya han sido rechazadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron este domingo cinco propuestas legislativas que estiman inyectarían a los municipios alrededor de $664 millones para compensar la merma en ingresos del desaparecido Fondo de Equiparación y del impuesto sobre el inventario si se concreta su eliminación en 2028, según dispone un proyecto de ley en ruta a La Fortaleza.

“Estamos proponiendo soluciones a un problema creado por la Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) y su afán de seguir quitándoles dinero a los municipios sin sustitutos aprobados, o sea, que nosotros, muy responsablemente, aunque no somos los que creamos el problema, hoy vamos a proponer soluciones”, sentenció el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, durante una conferencia de prensa, en la sede de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes populares.

Las medidas son para que los municipios reciban un 15% de los ingresos que hoy van al Estado por el pago de marbetes, para retener el dinero que le pagan al gobierno central por la reestructuración de la deuda, para que se les transfiera el presupuesto por tareas que realizan los ayuntamientos y que se elimine la aportación a la tarjeta de salud y al retiro, conocido como PayGo. Estas últimas dos alternativas ya fueron planteadas en el pasado y fueron descartadas por la JSF.

En 2020, la JSF logró anular, en el Tribunal Federal, la Ley 29 de 2019, que eximía a los municipios de su aportación al plan de salud del gobierno y al pago del retiro. El ente a cargo de las finanzas del gobierno argumentó con éxito que el estatuto era inconsistente con el plan fiscal.

“Aun así, insistimos en que eso es responsabilidad del Estado y, como es responsabilidad del Estado y es una nueva Asamblea Legislativa y hay una nueva –hasta cierto punto– configuración de la junta de control fiscal, que se evalúe. No podemos descartar absolutamente nada”, sostuvo, a preguntas de El Nuevo Día, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, quien reconoció que al momento no han consultado la iniciativa con la Junta.

“Los proyectos se van a someter (a la Legislatura) por petición de la Asociación de Alcaldes, y sí se dialogó con los portavoces (del PPD) de Cámara y Senado”, añadió.

Los alcaldes populares congregados en la rueda de prensa hicieron un llamado a la gobernadora Jenniffer González para que no firme el Proyecto de la Cámara (PC) 420, sobre el impuesto al inventario, y que inicie un diálogo en búsqueda de soluciones.

“Cite a un cónclave con el Ejecutivo, Legislativo y municipios a los fines de buscar soluciones que propendan al progreso de Puerto Rico y no de unos pocos”, sostuvo el alcalde de Vega Baja al resumir el reclamo.

En días recientes, el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, afiliado al PNP, advirtió, en entrevista con este medio, que dejaría de pagar las contribución por las pensiones (PayGo) y por la tarjeta de salud del gobierno, entre otras partidas, si finalmente, en el año contributivo 2028, se elimina el impuesto al inventario, que les representa a los 78 municipios $314,837,463 anuales.

Cruz Molina abogó por la descentralización de servicios gubernamentales. Al respecto, dijo, a modo de ejemplo, que agencias como los departamento de Transportación y Obras Públicas, de Recreación y Deportes, de la Familia y el de Educación, deberían transferir a los municipios el dinero destinado a ofrecimientos que prestan los alcaldes, como la limpieza y mejoras a las escuelas y carreteras estatales.

“Se trata de que el gobierno, por los errores que comete, asuma su responsabilidad”, subrayó Cruz Molina.

El alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez, precisó que su ayuntamiento perdió $5 millones con la eliminación del Fondo de Equiparación, un pote de dinero que se repartía entre los 78 municipios, y ahora con el PC 420, sobre el impuesto al inventario, si lo firma la gobernadora, perdería cerca de $400,000.

El alcalde de Aguada, Christian Cortés, presentó la propuesta para que los municipios reciban los más de $136 millones que el Estado usa de los recaudos de los ayuntamientos en propiedad mueble e inmueble para el pago de sus emisiones de deuda. Ese dinero hoy está pignorado y es utilizado para el pago de la reestructuración de la deuda del gobierno central, según estableció el Tribunal Federal y el plan fiscal certificado.

“Sabemos que esto conlleva hasta una enmienda al plan fiscal, pero los problemas complicados necesitan soluciones complicadas, así que es el momento de que el gobierno estatal asuma responsabilidad total sobre sus deudas y dejen de estar imponiéndoles cargas a los gobiernos municipales para resolver problemas estatales”, sentenció Cortés.