Si usted o un familiar fue empleado del gobierno central desde 2000 hasta 2017 y no reclamó el dinero que había aportado al sistema de retiro, sepa que podría tener un balance disponible en la Junta de Retiro que debe reclamar antes que acabe este año.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, precisó este domingo que esa podría ser la situación de aproximadamente 5,000 empleados del gobierno central que ya no están activos, por renuncia, retiro, destitución o muerte, y están cobijados por la Ley 305 de 1999, conocida como la Reforma 2000.

Bajo la Reforma 2000 y a raíz de la deuda del gobierno de Puerto Rico, con $292 millones, en 2022, se les crearon cuentas a esos empleados, conocidas como Plan 106, en las que se les depositó dinero de las aportaciones más los intereses devengados del 2000 al 2017.

Con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, se dispuso liquidar las obligaciones de Retiro con los participantes de la Ley 305, y a aquellos que ya no están activos en el servicio se les paga el dinero “sin que tengan que esperar la edad de 65 años, en lugar de recibirlos en una anualidad”, explicó Ortiz Miranda.

“Esto significa que cualquier servidor público que estuvo activo, desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 30 de junio del 2017, por 17 años, que haya renunciado o se haya desvinculado del servicio público y aún no haya reclamado las aportaciones que hizo al Sistema de Retiro, tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para hacer la reclamación", subrayó el funcionario.

“Muy importante, verifique con su familia, no solamente usted, con su parentela, con su madre, padre, hijo, cualquier servidor público, en ese periodo de tiempo que mencioné, que tenga sus aportaciones en el sistema, que urge que se comunique con nosotros antes de esa fecha para verificar el balance que tiene disponible y poderle liquidar”, añadió en conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Detalló que la Junta de Retiro resguarda $16.5 millones pertenecientes a estos 5,000 exempleados del gobierno. Comentó que han hecho esfuerzos por conseguirlos, pero no han dado frutos.

“Recordemos que son personas que se desvincularon (del gobierno), su licencia, su dirección postal cambió, su teléfono cambió, no tenemos, en la mayoría de los casos, correo electrónico para notificarle, pero varias veces se ha hecho el ejercicio de notificar por correo regular. Importante, porque cuando este dinero se identificó, tenía fecha de caducidad al 31 de diciembre del 2025″, enfatizó Ortiz Miranda.

A preguntas de El Nuevo Día, dijo que, si el dinero no es reclamado, regresa a las arcas del Departamento de Hacienda. Pueden ser pagos de $8,000, $10,000 o $15,000, dijo el director ejecutivo de la Junta de Retiro.

“Todo depende. Cada caso, obviamente, es particular porque la aportación se hace a base del salario y por los años del servicio”, afirmó.

Ortiz Miranda dijo que toda persona que haya trabajado en el gobierno desde el 2000 al 2017 y que interese conocer si tiene dinero en Retiro puede llamar al (787) 777-1414 o escribir a reclamacionesreforma2000@retiro.pr.gov.

De otra parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, defendió el alza propuesta en la factura de luz para pagar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Aclaró que el aumento, aunque solicitado por la AEE, fue la respuesta que dio la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para resolver la insuficiencia de fondos para el pago a los jubilados y que será un alza permanente en la factura por el servicio eléctrico.

“Estuvimos trabajando de la mano, tanto a la AEE como a Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), como a la propia JSF, y básicamente es la Junta quien obliga a la AEE a hacer esta petición de este aumento porque es la única forma viable de que podamos alcanzar unos fondos para nutrir el sistema de retiro de los 12,500 empleados retirados de la AEE de manera permanente y de manera responsable, ya que, por los pasados meses, han estado dependiendo de préstamos a razón de $25 (millones) o $30 millones al mes para poder mantener a flote el sistema de retiro”, explicó Torres Montalvo durante la rueda de prensa.

“La realidad es que no teníamos más ninguna otra opción que no fuese que se peticionara este aumento ante el Negociado de Energía porque es la única forma de nutrir unos fondos de manera permanente al fondo del sistema de retiro de los 12,500 empleados”, agregó.

El alza solicitada por la AEE es de de 1.88 centavos por kilovatio hora como parte de la revisión de la tarifa base en proceso.

“Esa es la única manera que tenemos de poder solventar a largo plazo el sistema de retiro de la Autoridad”, insistió Torres Montalvo.