Tras la culminación de un proceso competitivo de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) por primera vez en 12 años, la cantidad de operadores que darán servicio a los 328 residenciales de la isla aumentó de 10 a 17, de los cuales solo uno es una entidad pública, anunció este martes el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario.

“Completamos el proceso de RFP para poder darles movilidad a los agentes administradores que se encontraban desde hace 12 años en las mismas áreas. Con esto, tuvimos un total de 16 áreas. De todas estas, seis agentes administradores entraron nuevos a competir alrededor de toda la isla, lo que representa un 36% de las unidades que van a estar bajo la supervisión y administración de agentes administradores que ya han tenido experiencia en cuanto a lo que es el ‘housing’ a nivel federal”, dijo Rosario, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Agregó que, para la operación de los residenciales públicos, se destinan $49 millones en fondos federales y los contratos serán por dos años, con la opción de extenderse por dos adicionales. En 2027, podría haber una nueva subasta.

Sobre el aumento en la cantidad de operadores, Rosario explicó que responde a que se redujo la cantidad de unidades que cada uno administrará.

“Todos estos agentes administradores van a tener un máximo de 3,500 unidades (a cargo), es decir, van a tener un 50% menos de las unidades (respecto al volumen actual). En el pasado, teníamos agentes administradores que estaban administrando, valga la redundancia, alrededor de 7,000 unidades”, abundó.

En esa línea, reconoció que administrar hasta 7,000 unidades por operador permitía que se fallara en ofrecer un servicio óptimo por tratarse de un alto volumen. Los 17 administradores seleccionados son todos privados, con excepción del Municipio de Camuy, precisó.

En un aparte con El Nuevo Día finalizada la conferencia de prensa, Rosario dijo que las subastas no se hicieron en 12 años en violación a regulación federal. Aseguró que, pese a ello, no se le impusieron multas ni penalidades a la AVP. Adujo que, en el proceso de transición del pasado gobierno de Pedro Pierluisi al actual de Jenniffer González, no se le detalló el motivo del retraso en las subastas.

“Se supone que, por virtud de contrato y por virtud de ley, (las subastas) se hagan cada cuatro años. Sin embargo, vía excepción y establecido en una cláusula de contrato, lo pueden extender dos. Es decir, los contratos pueden ser de hasta seis años. En esta ocasión, nosotros lo hicimos por dos años, con miras a extenderlo dos años más”, sostuvo.

Entre los requisitos para operar un complejo público de vivienda, están tener experiencia y contar con personal con peritaje en finanzas, programas sociales y contabilidad, así como poseer un capital de $1 millón.

En la sesión, se informó, de otra parte, que el próximo domingo, 16 de noviembre, culmina el período de amnistía de 90 días, concedido por el Departamento de la Familia, para que propietarios de centros de cuido u hogares de cuidado prolongado que operan sin licencia o con licencia vencida se pongan al día y cumplan con los estándares de operación en ley y reglamentos.

Jean Peña, asesor de Asuntos Legislativos de la gobernadora, detalló que, al momento, 116 centros se acogieron a la amnistía.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no estuvo en la conferencia de prensa. En agosto, la funcionaria había explicado que, para poder acogerse, los centros debían tener antecedentes penales por delitos contra adultos mayores.