El gobernador Pedro Pierluisi afirmó esta tarde que Puerto Rico no se ve afectado por el bloqueo que emitió el jueves el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre una orden del presidente Joe Biden que obligaba a empleados de empresas con 100 o más empleados a vacunarse contra el COVID-19 o a someter pruebas negativas semanalmente.

El bloqueo no implica una decisión final, sino que deja en suspenso la orden ejecutiva de Biden en lo que se resuelven las controversias incoadas en foros judiciales de menor jurisdicción.

A través de una opinión de la mayoría conservadora, la Corte Suprema concluyó que el gobierno de Estados Unidos se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba en las empresas estadounidenses con, al menos, 100 empleados a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés).

“Las decisiones dictaminadas ayer por el Tribunal Supremo Federal no afectan los mandatos de vacunación en Puerto Rico emitidos por medio de las órdenes ejecutivas. Al contrario, estas se mantienen en todo vigor”, expresó el ejecutivo en declaraciones escritas.

“En cambio, en Puerto Rico estatutos como la ‘Ley del Departamento de Seguridad de Puerto Rico’ y la ‘Ley Orgánica del Departamento de Salud’, expresamente confieren al Gobierno de Puerto Rico la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es una pandemia. Esto incluye los mandatos de vacunación a distintos sectores de la población”, abundó Pierluisi.

El artículo 5.10 de la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (20-2017) establece que durante una situación de emergencia o desastre, el ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico “podrá dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre. Los reglamentos dictados u órdenes emitidas durante un estado de emergencia o desastre tendrán fuerza de ley mientras dure dicho estado de emergencia o desastre”.

En este caso, Puerto Rico se mantiene bajo estado de emergencia por COVID-19 desde que la exgobernadora Wanda Vázquez firmó la declaración en marzo de 2020.

De otro lado, aunque la Corte Suprema bloqueó la orden que obligaba a las empresas grandes a vacunar a sus empleados, ratificó el mandato que obliga a todos los trabajadores de instituciones médicas financiadas con fondos federales a inmunizarse contra el virus. Sobre dicha determinación, Pierluisi señaló que la decisión del máximo foro judicial valida las órdenes administrativas que ha emitido el secretario Carlos Mellado para el componente de salud pública.

“La segunda determinación del Tribunal Supremo Federal validó la autoridad del secretario de Salud federal para emitir un mandato de vacunación de COVID-19 a los empleados de salud en las facilidades participantes de Medicare y Medicaid, sujeto únicamente a excepciones por razones médicas y religiosas”, opinó el gobernador.

“La decisión del Tribunal Supremo Federal reconoció la información científica en la que se fundamentó el mandato, que la vacuna es un medio adecuado para evitar el contagio y la transmisión del virus, la razonabilidad de la medida, entre otros asuntos importantes de estos mandatos”, agregó.