El ciberataque que sufrió recientemente el Departamento de Justicia acentuó la ausencia de un jefe en propiedad en el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés), cuyo principal ejecutivo interino renunció el viernes y el nominado al puesto, Luis Javier Rodríguez Vega, aún espera su evaluación en el Senado.

El viernes pasado, el gobierno informó de un incidente de ciberseguridad, ocurrido a las 9:54 p.m. El anuncio se hizo a través de un comunicado conjunto, emitido por Justicia y PRITS.

Ese mismo día, renunció Rubén Quiñones, quien quedó a cargo de PRITS de manera interina tras el nombramiento de Rodríguez Vega, quien no puede asumir el cargo hasta tanto sea confirmado por el Alto Cuerpo por haber sido designado durante la sesión.

“Él (Quiñones) renunció por situaciones personales, porque su familia vive en Florida”, dijo este jueves la portavoz de prensa de La Fortaleza, Marieli Padró.

Una fuente que pidió anonimato indicó que, al momento, se desconoce quién firmará nuevos contratos en PRITS.

Añadió que, en pleno ciberataque en Justicia, la jefatura de PRITS estaba en un limbo y quien asumió el control fue el principal oficial de seguridad cibernética de la dependencia, Poincaré Díaz Peña.

Rodríguez Vega no se ha reportado a PRITS por el momento, dijo la fuente.

El 30 de abril, a través de la plataforma de la Oficina de Servicios Legislativos, se supo que la gobernadora Jenniffer González nominó a Rodríguez Vega como nuevo director ejecutivo de PRITS.

La posición estaba ocupada, hasta el día anterior, por Antonio Ramos Guardiola, quien fue removido del cargo por la mandataria. Ramos Guardiola ocupaba el puesto desde la administración de Pedro Pierluisi.

De acuerdo con la información divulgada, el ciberataque a Justicia provocó que se inactivara el Sistema de Información de Justicia Criminal, afectando temporalmente algunos servicios esenciales que el gobierno brinda, incluyendo la emisión y validación de certificados de antecedentes penales.

Además, quedaron fuera de servicio los registros de personas convictas por corrupción, de violencia doméstica, por delitos sexuales y abuso contra menores (ofensores sexuales) y maltrato de adultos mayores.

“Este ciberataque está todavía bajo investigación del Departamento de Justicia y de PRITS, así que no podemos comentar detalles que afecten esa investigación. Ya los servicios están comenzando a entrar en funciones nuevamente. Por lo menos, ya en la mañana de hoy (jueves), está funcionando el servicio de antecedentes penales”, dijo, en conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.