El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó este sábado que dejó sin efecto las cartas de desalojo emitidas a 20 comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129, entre Arecibo y Lares, y en la PR-100 en Cabo Rojo.

Según la agencia, la determinación, que se da “conforme a instrucciones de la gobernadora Jenniffer González”, permitirá “revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal, así como coordinar con los municipios correspondientes la identificación de alternativas viables que permitan atender este asunto de manera ordenada, segura y conforme a la ley”.

Hace una semana, El Nuevo Día reveló que, en lo que va de año, el DTOP ha entregado cartas de desalojo a 20 vendedores ambulantes debido a proyectos activos de infraestructura en ambas vías y por razones de “seguridad vial”.

La acción ha generado un movimiento al sur y oeste del país, que busca generar conciencia sobre el sustento de estos obreros y agricultores.

El vendedor Pedro “Pellito” Santiago, quien vende plantas medicinales en la PR-7722 y se le pidió verbalmente salir de la vía desde enero, comenzó, el 1 de junio, una ruta a pie desde su puesto, en Cayey, con la meta de completar la jornada en el Capitolio. El agricultor informó en redes sociales que espera llegar a San Juan mañana, domingo.

Por su parte, el DTOP informó que la situación relacionada con Santiago “responde a circunstancias distintas a las comunicaciones” que ahora dejó sin efecto. “Ese asunto continuará siendo evaluado conforme a la reglamentación aplicable y tomando en consideración aspectos de seguridad vial, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal”, indicó por escrito.

“La agencia reconoce la realidad económica de muchas familias que dependen de estos negocios y la importancia de atender el asunto con sensibilidad, coordinación intergubernamental y respeto al debido proceso de ley. El objetivo es buscar un balance responsable entre la seguridad vial, el cumplimiento con las normas aplicables, la ejecución de obras públicas necesarias y el respeto a quienes trabajan todos los días para sostener a sus familias”, añadió la agencia, al asegurar que “toda acción futura se tomará luego de la evaluación correspondiente y en coordinación con las partes pertinentes”.

El DTOP aclaró que dejar sin efecto las cartas “no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del Departamento de proteger la seguridad vial”.