El Departamento de Educación (DE) difirió este martes de las razones que dieron nueve representantes del tercer sector para renunciar a los trabajos de descentralización en la agencia, aunque buscará tener un “acercamiento” con el grupo que tomó la determinación para tratar de aclarar dudas.

El DE, a través del director de la Oficina de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear), Roger Iglesias, aclaró, además, que no se trata de renuncias, porque “fueron voluntarios que no estaban registrados o (participando) activamente en lo que son las mesas de implementación”.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Iglesias se distanció “un poco de la interpretación de ellos de cómo se está llevando a cabo el proceso. No tenemos conocimiento específico de las situaciones puntuales a las que ellos pudieran hacer referencia, más allá de términos generales de unas preocupaciones de parte de ellos o frustraciones”.

Aun así, opinó que la decisión “es muy lamentable y vamos a hacer un acercamiento para tratar de aclarar estas dudas de parte de ellos”. “Tendríamos que saber a qué exactamente ellos se refieren. Tendríamos que recordar que la Ley 85 (de 2018) delega o descarga en la secretaria del Departamento cierta responsabilidad y es ella quien responde”, afirmó.

“Así que hay ciertas decisiones que, a pesar de que las llevemos a la mesa para conocer su opinión o que ellos quisieran que se fuera a implementar, pues al final del camino tenemos que ver que estamos en cumplimiento de la ley y que sea a tono con la política pública”, sostuvo.

Nueve académicos y líderes de organizaciones sin fines de lucro dejaron sus puestos como representantes del tercer sector en las mesas de implantación del proyecto del DE, por considerar que los trabajos que se llevan a cabo no cumplen “con los elementos básicos de buena gobernanza”.

“El principio de descentralización se ha visto derrotado por la filosofía existente de mantener el poder decisional en los niveles centrales del DE, lo que se hizo evidente en la renuencia a considerar la modificación de reglamentos o leyes como un mecanismo para adelantar los objetivos y al retirar de las mesas la discusión informada sobre la transferencia de poderes del nivel central al regional”, establecieron una comunicación escrita.

En esa misiva, el grupo solicitó que se detenga el proceso para implantar Idear, una iniciativa que, según está planificado, se dirige a establecer la primera agencia educativa local (LEA, en inglés) para agosto de este año.

La carta fue firmada por la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Vivian Neptune Rivera; el consultor en política educativa y abogado Enrique Colón Bacó; la consultora en filantropía y política educativa Janice Petrovich Beiso; la catedrática en Economía en la UPR Eileen Segarra Alméstica; el economista y catedrático asociado de la UPR José Caraballo Cueto; la catedrática en Administración Pública de la UPR Yolanda Cordero; la psicóloga clínica Ángeles Acosta; la curadora de alianzas educativas de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Enery López Navarrete; y la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet.

Iglesias identificó a Blondet y Acosta como dos de los representantes del tercer sector que “no estaban activamente en las mesas”.

Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Educación federal agradeció las preocupaciones planteadas por los miembros que salen del comité Idear, y exhortó al DE a garantizar que el proceso de descentralización “coloque las necesidades de la comunidad al frente de este importante esfuerzo y que las voces correctas estén en la mesa”.

En noviembre pasado, varios de los profesionales y académicos que renunciaron ya habían exigido mayor participación ciudadana en los trabajos para lograr la descentralización de la agencia.

“De hecho, las decisiones sobre Idear se han estado llevando a cabo al interior del nivel central del DE, lo que, desde nuestra perspectiva, resulta conflictivo dado que una descentralización real requiere que el nivel central ceda poder decisional a las comunidades escolares”, establece la carta de renuncia, que tiene fecha del lunes 15 de abril.

La dimisión se discutiría en una reunión entre algunos de los renunciantes con líderes del DE y el comité Idear este martes.

El comité presentó, en agosto pasado, su informe sobre los pasos que se deben tomar para descentralizar la agencia. El plan de trabajo prevé que el 100% de las escuelas estén bajo LEA para el año escolar 2027-2028, mientras que el nivel central del DE operaría como una agencia estatal educativa (SEA, en inglés), a cargo de la política pública educativa, de velar por garantías de derechos civiles y la definición de los requerimientos de desempeño académico.

La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, ha indicado que tienen hasta el fin del año escolar, el 7 de junio, para implantar todas las estrategias que se necesitan.

El economista y abogado Colón Bacó indicó que el malestar ante la falta de transparencia en los trabajos de las mesas de implantación se ha ido acumulando y eso dio paso a la determinación de dejar atrás su participación en ellas.

“Nos han mantenido bien afuera… Ha sido todo un proceso bastante continuo donde ellos nos dan información, nos preguntan lo que pensamos y nosotros decimos qué sentimos, qué falta, damos nuestra opinión de las cosas, pero ha sido bien ‘one sided’ (unilateral). Cuando nosotros pedimos información, no nos dan nada”, lamentó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Colón Bacó formó parte de la mesa de finanzas y presupuesto, y señaló que se creó otro equipo, ajeno a las mesas de implantación de Idear, que trabaja en determinar cuál debe ser la inversión de Educación por estudiante.

“A mí, por ejemplo, no me gustaría después que ellos digan, ‘Enrique Colón estuvo envuelto en el comité de finanzas y presupuesto y este es el resultado de le mesa de implementación’ y yo no tuve nada que ver. No quiero decir que sea malo lo que vayan a trabajar, pero nos han mantenido bien afuera”, expresó.

Por su parte, Iglesias insistió en que se dio participación a los académicos y líderes de organizaciones sin fines de lucro que renunciaron.

“No nos consta a qué ellos se refieren, a menos que ellos quieran tomar todas las decisiones que afectarían o impactarían al DE”, recalcó.

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El periodista José A. Delgado colaboró en esta historia.