Según publicó El Nuevo Día el pasado 20 de agosto, unos 40 empleados denunciaron que enfrentaban malas condiciones laborales tras permanecer laborando con el gobierno y no irse a trabajar con LUMA Energy.
Según publicó El Nuevo Día el pasado 20 de agosto, unos 40 empleados denunciaron que enfrentaban malas condiciones laborales tras permanecer laborando con el gobierno y no irse a trabajar con LUMA Energy. (Alex Figueroa Cancel)

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) solicitó a la Administración de Servicios Generales (ASG) la compra de equipo de seguridad y uniformes para los empleados que fueron transferidos desde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la agencia “el mismo día que salió la noticia” de que mantenían a un grupo de empleados de la zona de Río Piedras sin tareas asignadas, afirmó este jueves la directora de ASG, Karla Mercado Rivera.

Según publicó El Nuevo Día el pasado 20 de agosto, unos 40 empleados denunciaron que enfrentaban malas condiciones laborales tras haber determinado permanecer como empleados del gobierno y no irse a trabajar con la empresa que quedó a cargo de la transmisión y distribución de energía, LUMA Energy.

Estos empleados fueron asignados al DTOP, quien los envió a una pequeña oficina, localizada entre el puente Teodoro Moscoso y el complejo deportivo Rebekah Colberg de Río Piedras, donde están los equipos que se encargan de realizar labores de “bacheo”. Sin embargo, no se les asignó ninguna función. Para evitar contagios por COVID-19, los empleados aguardaban por instrucciones en el estacionamiento de la instalación.

Esta controversia es investigada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Jesús Santa.

Según resumió el legislador, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez, testificó bajo juramento ante la Comisión que enfrentaron un problema con la adquisición de los equipos de seguridad para los empleados, a través de ASG, por lo que no podían asignar funciones.

Sin embargo, Mercado Rivera estipuló, durante la vista pública y bajo juramento, que solo han procesado 40 solicitudes del DTOP tras concretarse la transición entre la AEE y LUMA Energy. Una ocurrió el 7 de julio “para servicios de banda ancha”. Las restantes 39 llegaron el 20 de agosto e incluían polos, zapatos de seguridad y otro material de seguridad para empleados.

Comentó que entre el 22 al 24 de agosto se procesaron las solicitudes de compra. Dijo que, a la fecha, ya 29 solicitudes “fueron completadas”. Sin embargo, Mercado Rivera no supo detallar si ya los equipos reclamados fueron entregados por los suplidores al DTOP. Dijo que esta información la tiene la agencia o el Departamento de Hacienda.

Por su parte, el administrador auxiliar de Adquisiciones, Julio Veguilla, dijo que “todas las solicitudes se atendieron con la premura que corresponde. Cuando advinimos en conocimiento de la solicitud, las atendimos todas”.

Explicó que en las órdenes de compra había peticiones, no tan solo de uniformes, sino también de equipo pesado y otros materiales.

El funcionario destacó que, “incluso, algunos de ellos (de los pedidos) que fueron devueltos, porque no estaban autorizados por la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto)”.

En total, fueron siete solicitudes del DTOP que no prosperaron por falta de documentos, incluida la autorización de la OGP. Mercado Rivera hizo la salvedad de que una solicitud no prosperó, porque los “jackets” y polos reclamados por la agencia estaban descontinuados.

Por otro lado, la directora de Recursos Humanos de la AEE, Nidza Irizarry, explicó ante la Comisión de Hacienda las razones del retraso que registran para entregar a las agencias de gobierno los expedientes de los 3,930 empleados que fueron transferidos en medio de la entrada de LUMA Energy el pasado 1 de junio. Habló de dificultades en el proceso, como lo fue la necesidad de dar de baja a cada uno de los empleados transferidos, así como otras relacionadas con la pandemia del COVID-19.

También destacó que se cometió el error de que empleados afectados por esta transición eran los mismos que estaban a cargo de todo el proceso de preparar los expedientes.

“La Autoridad tiene que transferir a las agencias receptoras el expediente de personal de los empleados, tarea que se comenzó a realizar el 25 de agosto de 2021 y que se espera completar a finales de octubre de 2021”, estipuló.

El representante Luis Raúl Torres explicó que el problema que enfrentan los miles de empleados transferidos a las agencias de gobierno es que se mantienen sin cobrar hasta que no llegue a la agencia receptora ese expediente.

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