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Empleados públicos cuestionan parámetros usados por el gobierno para implementar el programa de retiro incentivado

Alegan que fue arbitrario el proceso mediante el cual, bajo la Ley 80 de 2020, un total de 1,146 funcionarios se acogerán al retiro en marzo próximo

12 de febrero de 2024 - 2:00 PM

Un total de 1,146 empleados del gobierno, cuyos puestos fueron declarados no esenciales, trabajarán hasta el 31 de marzo del próximo año y, en abril, se retirarán. (Archivo)

Ante imputaciones de que el proceso fue arbitrario, seis empleados del gobierno están requiriendo información oficial de cómo se llevó a cabo la selección de los puestos declarados no esenciales que se beneficiarán de un programa de retiro incentivado para servidores públicos mediante la Ley 80 de 2020.

A través de un recurso especial de acceso a la información pública sometido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los empleados públicos, de cinco agencias, exigen al gobierno documentos precisos del proceso que siguió, de la mano de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para declarar 1,146 cargos gubernamentales como no esenciales.

Los funcionarios hicieron el requerimiento de información a través del abogado John Mudd, quien, al ser abordado por El Nuevo Día, dirigió toda pregunta al documento presentado.

En el recurso, de 18 páginas, los empleados gubernamentales intentan buscar información luego de que inicialmente, en sus agencias, se declararon sus cargos como no esenciales pero, posteriormente, se les informó lo opuesto y quedaron excluidos del beneficio del estatuto, que les habría permitido retirarse en marzo próximo.

Blanco: “Que lo demuestren”

El director de la OGP, Juan Carlos Blanco, rechazó que hubiese mediado la arbitrariedad en la selección de los puestos.

“No. La respuesta puntual a eso es no. Esto ha sido un proceso que ha sido informado, que corre a través de las agencias”, afirmó.

“Aquí no hubo un proceso de selección de empleados. Aquí lo que hubo fue un proceso para determinar que ciertos puestos eran esenciales o no esenciales. Esta es una distinción bien importante, que quizás para las personas pues no resulta obvia e inclusive agradable, pero es que esto no fue una evaluación sobre las personas. Esto fue una evaluación sobre el puesto”, agregó.

Blanco recordó que cada agencia de gobierno trabajó listados de empleados no esenciales, por etapas, desde 2020 hasta que se hizo la selección final. A modo de ejemplo, mencionó que en el DRNA se escogió inicialmente a un grupo de vigilantes y luego se descartaron, porque son cargos esenciales.

También recordó que “en un momento estaban incluidos los municipios. Eso se fue eliminando por la Junta, no permitió que se incluyera dentro de la estipulación”.

Ante la posibilidad de que surja una demanda contra el gobierno, el director de la OGP desafió a que “demuestren” que el proceso fue arbitrario.

“Nosotros hemos obrado como corresponde. Todo está ahí. Nos sometemos a todo el escrutinio que sea necesario, (el proceso) se ha hecho frente al tribunal, porque ha sido como parte de una estipulación, así que yo confío en el trabajo que ha hecho nuestro equipo, nuestro gobierno. Yo confío en la participación de la Junta en todo esto. Alegar, puede alegar cualquiera, pero si alguien dice que hubo una irregularidad, tiene entonces la responsabilidad de demostrarlo”, sentenció Blanco.

Lo que piden los empleados

Sin embargo, los empleados, según recoge el recurso, no han recibido la información solicitada y mayormente se les indicó que “la falta de especificidad, además, no permite identificar los documentos requeridos de modo que se pueda examinar si los mismos son genuinamente públicos”.

Previo a pedir los antecedentes al gobierno, los empleados comenzaron a indagar formalmente en sus respectivas agencias sobre los procesos y criterios establecidos para escoger los puestos no esenciales, según documentos examinados por El Nuevo Día.

Luego, el 30 de octubre del año pasado, 13 empleados del BDE enviaron una carta al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la que le comunican que sus puestos fueron declarados como no esenciales el 22 de julio del 2022. Posteriormente, el 6 de octubre de 2023 el presidente del banco, Luis Alemañy, les informó que la JSF “no aceptó el listado de puestos esenciales sometido y certificado por el BDE”.

Los empleados solicitaron, también por escrito, al director de la Junta de Retiro, Luis Collazo, que explicara el cambio en la selección de los puestos, pero la carta fue referida al BDE. La comunicación fue copiada a la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal bajo el Título III de la ley Promesa.

No más oportunidades

La Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos (Ley 80 de 2020) fue declarada nula en mayo del 2022 por el Tribunal federal y solo algunas de sus cláusulas serán usadas para viabilizar el retiro de los 1,146 funcionarios.

Al declarar el estatuto nulo, la JSF argumentó, en ese momento, que la legislación aumentaba “sustancialmente los costos” sobre los mermados sistemas de retiro del gobierno “sin que haya ninguna solución sobre cómo pagarlos”.

Por ende, el estatuto se usará solo esta vez y cada agencia de gobierno debió escoger los puestos que declararía como no esenciales para dar paso al retiro incentivado usando solo dos parámetros: que la plaza ocupada por el funcionario no se volverá a llenar, por lo que se elimina permanentemente y que, con ello, no se afecten los servicios provistos a la ciudadanía, según ha explicado Collazo a este medio.

Collazo ha dicho que ya no hay más oportunidades para que otros empleados públicos se acojan a esta jubilación. A partir del 15 de abril de 2024, el gobierno pagará a los empleados cobijados por la Ley 80 una pensión equivalente al 50% de su salario. No recibirán un incentivo adicional y los beneficiados no tenían que cumplir con un mínimo de años de servicio o edad para acogerse al programa.

Blanco destacó que ahora el gobierno se concentra en pulir un “mecanismo de fiscalización”, que recaerá sobre la OGP, para que se cumpla con lo que estipula la Ley 80 de 2020, que es lograr ahorros en el gobierno porque se trata de puestos que no se pueden volver a llenar.

“Estamos afinando los detalles finales. Tenemos que certificar anualmente que los puestos que se eliminaron bajo la estipulación de la Ley 80 no se han creado ni se han llenado nuevamente”, sostuvo.

JSF dice que no es responsable

En días recientes, no solo los empleados del BDE, sino otros de agencias como la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), la Autoridad de Edificios Públicos y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), recibieron respuesta directa de la JSF. El ente a cargo de las finanzas de la isla les dejó claro que no fue la JSF la que seleccionó los puestos no esenciales, contrario a lo que indican los empleados públicos que le informaron en sus respectivas agencias.

La JSF aclaró, además, que “un puesto no esencial es aquel que no necesita reemplazo y por lo tanto, puede eliminarse sin afectar la continuidad de los servicios prestados por las autoridades pertinentes, agencia o corporación pública”.

“Con estos parámetros en mente, el gobierno y las distintas dependencias y corporaciones públicas eran responsables de determinar qué puestos eran esenciales y cuáles no esenciales que podrían ser eliminadas”, indicó la JSF en cada una de las cartas.

“La determinación de si un puesto se consideraba esencial o no esencial era responsabilidad de quien lo nombró, de la autoridad de cada entidad participante, de acuerdo con los criterios adecuados que respondieron a la necesidad de cada entidad. Para ser claros, la Junta de Supervisión no fue responsable de tal determinación”, precisó la JSF en las cartas firmadas por Mujica y copiadas al gobernador Pedro Pierluisi y los presidente legislativos, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, entre otros funcionarios.

El Nuevo Día solicitó al DSP y al DRNA que precisaran qué criterios usaron para seleccionar los puestos no esenciales y cuántas personas, en cada agencia, pudieron acogerse a la Ley 80 del 2020.

El DRNA informó, por escrito, que “los parámetros los determinó la Junta de Retiro y la JSF” y que unos 33 cargos fueron seleccionados para beneficiarse de la Ley 80 del 2020. En el DSP, en cambio, indicaron que en cada negociado hubo “un análisis realizado por los supervisores de las áreas, basado en las tareas, responsabilidades y velando que los servicios administrativos y operacionales no se afectaran determinaron los que eran esenciales y los que no eran esenciales”. En el DSP se seleccionaron 21 empleados, se indicó por escrito.

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