Tras recibir una multa por $5,000 de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el senador novoprogresista Héctor Joaquín Sánchez anticipó este lunes que apelará la determinación relacionada con su gestión como subsecretario asociado del Departamento de Educación (DE), al solicitar, en una ceremonia de premiación, que se favoreciera a maestros y directores escolares del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La OEG investigaba al legislador por el Distrito de Carolina hace más de un año luego que recibiera una denuncia sobre su intervención en la ceremonia, y le adjudicó dos infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012).

Específicamente, se le sancionó por infringir dos incisos del Artículo 4.2 del referido estatuto: usar su cargo, deberes y facultades, propiedad o fondos públicos “para obtener, directa o indirectamente un beneficio” y violentar como servidor público “la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

“Por estar convencido de que no actué contrario a la ética, apelaré la decisión de OEG por ser contraria a derecho y no estar sostenida por la evidencia”, indicó Sánchez por escrito.

El senador tiene 20 días, luego de haber sido notificado, para apelar la decisión de la OEG, cuya resolución fue emitida el 11 de julio.

Al solicitarle comentarios al respecto, la gobernadora Jenniffer González indicó este lunes que no había tenido oportunidad de ver la determinación de la OEG. “Pero me imagino que el senador tendrá el tiempo para refutarla, y los procedimientos que me imagino terminarán en los tribunales”, sostuvo la mandataria en conferencia de prensa.

La denuncia en la OEG le imputaba a Sánchez haber usado, en 2022, sus facultades como subsecretario asociado del DE para llamar a miembros del jurado en un certamen en el que se escogerían a los maestros y directores escolares del año, y pedirles que favorecieran a aquellos vinculados con el PNP.

En ese entonces, una de las miembros del panel fue la exsecretaria del DE Yanira Raíces, ya que el jurado, en su mayoría, estaba constituido por superintendentes escolares.

La denuncia en la OEG surgió luego que el DE, bajo la dirección de Eliezer Ramos Parés, ordenó, el cuatrienio pasado, una investigación externa y refirió el caso al Departamento de Justicia, la OEG y la Oficina del Inspector General.

Justicia concluyó que no halló delito y, desde La Fortaleza, bajo la administración de Pedro Pierluisi, se ordenó a Ramos Parés que abandonara la pesquisa interna, que concluyó que Sánchez debía ser sancionado administrativamente como empleado de carrera del DE. Las recomendaciones contenidas en un informe remitido a Raíces fueron archivadas.

Aunque Sánchez admitió ante la OEG, según la resolución, que se reunió con los superintendentes escolares, rechazó haber “realizado gestión alguna para él ni para un tercero”, y planteó “que cualquier beneficio obtenido ha sido de los permitidos por ley”.

“La querella está sustentada en conjeturas e inferencias producto de acciones fraudulentas y antiéticas del licenciado Eliezer Ramos Parés, entonces secretario del DE”, lee la resolución, que recoge el testimonio de Sánchez.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de Ramos Parés, quien contó con el voto de Sánchez al momento de su confirmación este cuatrienio.

Tras la multa, Sánchez argumentó que la OEG se equivoca constantemente en sus determinaciones.

“Las revocaciones constantes, frecuentes y bochornosas de las decisiones de la OEG, al parecer, no han sido suficientes”, dijo el senador novoprogresista en su escrito.

En abril, este medio divulgó que existe una investigación federal que tiene como objetivo a Sánchez y su gestión en el DE, respaldada por un acuerdo de colaboración de una de las empresas implicadas en un presunto esquema fraudulento.