Salinas - La administración de Jenniffer González continuó este miércoles las conversaciones con personal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a las disposiciones de la nueva ley que permite distribuir un “cheque de alivio contributivo” entre aquellos contribuyentes con ingresos netos de hasta $150,000.

Aunque el martes afirmó que no habían sometido, entonces, información a la JSF para el análisis de la medida, la mandataria dejó entrever este miércoles que la documentación había comenzado a fluir con el ente que controla las finanzas públicas.

A tono con la Sección 204 de la ley Promesa, el Ejecutivo tiene siete días para someter a la JSF una certificación del gasto público que representaría la Resolución Conjunta-6 2026, firmada por la gobernadora el martes y cuyo impacto fiscal el gobierno estima en unos $554 millones.

Durante una visita al Campamento Santiago, en Salinas, se le preguntó a González si cumpliría con esa exigencia, y respondió: “Claro. Si no se ha entregado ya”.

La JSF ha expresado que favorece otorgar cierto alivio contributivo, pero con el respaldo de documentos que evidencien que el gobierno puede absorber el impacto económico del cheque.

El equipo fiscal del gobierno y personal de la JSF se reunieron la noche del martes, y tenían encuentros pautados para miércoles y jueves para aclarar dudas, intercambiar información y analizar el nuevo estatuto.

“Estamos en espera de que se nos brinde toda la información que se requirió”, sostuvo temprano este miércoles Sylvette Santiago, portavoz de prensa de la JSF, a preguntas de este medio.

Cuando se le cuestionó si la JSF podría modificar la ley aprobada sobre los “cheques de alivio contributivo”, la primera ejecutiva respondió: ”Yo no les voy a dar ideas. Voy a dejarlo ahí“.

La gobernadora reiteró que el Estado posee el dinero, no solo para los cheques de reembolso y la propuesta reforma contributiva, sino también para otras iniciativas como el aumento en salario a policías, el pago de la carrera magisterial a docentes del sistema público y hasta posibles imprevistos, como una reducción en los fondos federales para Medicaid.

“Cuando se hacen los modelajes, se hace el modelaje de cuánto va a ser el presupuesto para el próximo año, se hace el modelaje de los compromisos programáticos del gobierno, se hace el modelaje de posibles situaciones. Hay una reserva. Nosotros no estamos impactando las reservas de 5%”, enfatizó.

Sobre la reunión con la JSF la noche del martes, dijo que no participó y refirió cualquier pregunta al secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech.

“Fue una sesión de trabajo productiva, acordamos que los equipos técnicos continuarán reuniéndose hoy y mañana (jueves)”, se limitó a decir Domenech en declaraciones escritas.

Al explicar a grandes rasgos cómo funcionaría el reembolso contributivo recién legislado, la gobernadora recalcó que el monto que recibirá cada contribuyente dependerá de los ingresos que haya tenido el año pasado.

“Estos no son cheques de $500, $1,000 o $2,000. Esto no opera así. La obligación contributiva de cada contribuyente va a depender de cuánto genera y cuánto gana, si gana $25,000 o menos, si gana $50,000 o menos, si gana $75,000 o menos, $95,000, y así sucesivamente. Todos los que ganen menos de $150,000 (anuales) van a recibir un cheque automático. ¿De cuánto va a ser? Va a depender de sus ingresos. Va a depender de sus deducciones", dijo la primera ejecutiva a preguntas de El Nuevo Día.

A modo de ejemplo, explicó que una persona con ingresos anuales de menos de $150,000 y que tiene tres dependientes, bajo la ley vigente, “tenía una deducción de $2,500 por cada uno”, lo que significa una deducción final de $7,500. Ahora, al aumentarse a $5,000 la deducción por dependiente para calcular el reembolso, totalizaría $15,000.

Para calcular cuánto se devolvería, el Departamento de Hacienda computaría la diferencia entre la responsabilidad contributiva del individuo para el año contributivo 2025 y la contribución que hubiera resultado de aplicar la tasa contributiva reducida propuesta en la llamada reforma.

También el contribuyente puede recibir “deducciones” por cuentas de IRA de retiro o educativas.

“Estas tres deducciones, la IRA, la IRA de retiro, las deducciones por menores de 18 años son automáticamente un ingreso que va a recibir ese contribuyente”, sostuvo la gobernadora.

“Así que ese cálculo va a variar y va a darle dinero adicional a la gente. Y ese es el cheque que recibiría la gente. Y ese es el cheque que van a recibir por ese alivio y por la deducción”, agregó. Se estima que hasta 700,000 contribuyentes podrían beneficiarse de la iniciativa.

González precisó que los contribuyentes deben llenar sus planillas, como de ordinario lo han hecho, y que el período de radicación comienza el 9 de febrero.

La JSF aún no se ha expresado oficialmente sobre la iniciativa de la gobernadora. Pero habían alertado el martes que no habían recibido la certificación suscrita por el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, haciendo constar que el Estado cuenta con $813.7 millones de años fiscales previos para el pago del alivio contributivo.

El viernes pasado, el ente fiscal rechazó el Proyecto de la Cámara (PC) 1014, que es la propuesta reforma contributiva de la gobernadora y que aún está bajo discusión en la Legislatura.