La gobernadora Jenniffer González no descartó extender o aplazar la fecha límite para la entrega de las planillas de contribución sobre ingresos de este año más allá del 15 de abril debido a los cambios que impulsa en el sistema contributivo y que comienzan a discutirse este miércoles en la Legislatura.

No obstante, dejó en manos del secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, tomar la decisión.

“Ya lo más complicado, que eran las corporaciones, los individuos, las patentes municipales, las estatales, las IRAs, las IRAs educativas, ya eso se aprobó. Ya eso está codificado. Por eso, yo entiendo que estas vistas nos deben permitir dar el tiempo suficiente para que sea implementado en la planilla de marzo de este año y que el Senado no tenga problemas”, afirmó este martes la gobernadora, a preguntas de El Nuevo Día.

“Y, si Hacienda tuviera problemas, yo no creo que no deba haber ningún problema que se extienda, por unas semanas, la radicación de la planilla. Ha ocurrido anteriormente. Así que eso no se descarta”, abundó la mandataria, en una rueda de prensa en el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, en Río Piedras.

Durante una conferencia de prensa poco antes, en La Fortaleza, el secretario de Hacienda se expresó en términos similares y destacó que, hace meses, su agencia se prepara para este ciclo contributivo.

“El equipo de trabajo está haciendo todos los ajustes necesarios para estar preparados y listos para eso (la propuesta reforma contributiva)”, mencionó Pantoja Rodríguez. La intención del gobierno es que los cambios que impulsa entren en efecto en la próxima entrega de planillas.

De ordinario, el ciclo contributivo para rendir las planillas comienza en enero y se extiende hasta abril. La gobernadora dijo esta semana que aquellos contribuyentes que se quieran beneficiar de las reducciones en las tasas contributivas que promueve, así como otros ajustes al sistema tributario, deberían esperar a la aprobación de esa iniciativa en el Senado y la Cámara de Representantes.

Este miércoles, a las 9:00 a.m., comienzan las vistas públicas sobre el proyecto de administración en la Cámara, y el 20 de enero empieza la discusión en el Senado.

Al preguntársele si este escenario no podría representar una sobrecarga para Hacienda que resulte en un tapón en el procesamiento de las planillas las próximas semanas, la gobernadora rechazó esa posibilidad y recalcó que no descartan extender la fecha de entrega.

De otra parte, González evadió precisar qué ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), si algo, respecto a si avala o no la reforma contributiva que propone.

“Sí, esto se ha discutido”, afirmó la mandataria.

¿Ellos han expresado que lo avalan?, cuestionó este medio.

“Mira, ellos siempre van a querer más tiempo para verlo todo, pero llevamos un año esperando”, respondió.

“Ellos van a ser parte de este proceso, lo son, y nosotros lo que tenemos que evidenciar es que tenemos el dinero para pagarle de manera recurrente, y que no estamos perdiendo servicios esenciales", abundó.

¿Y por qué no se expresan de manera contundente diciendo si lo avalan o no?, insistió El Nuevo Día.

“Porque, como lo han hecho con los contratos de LUMA, como lo han hecho con las contrataciones, con las inversiones en Puerto Rico, hay mucha gente ahí, mucha gente cobrando del gobierno de Puerto Rico, y mientras más tú alargues esto, más cobran. Así que mi función, como gobernadora, es establecer política pública, y siempre que cumpla con el plan fiscal, que tengamos un presupuesto balanceado, que tengamos cómo pagarlo, no deben tener problemas”, recalcó.

Dos fuentes de este medio dijeron por separado que la JSF, aunque ha participado en reuniones con el Ejecutivo, no ha dado su aval a la reforma contributiva.

De ordinario, el ente que controla las finanzas públicas ha establecido que cualquier medida que impacte el presupuesto debe estar contenida en la resolución presupuestaria. Por ende, dijeron los informantes, la reforma contributiva podría quedarse para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, si la Junta insiste en que debe formar parte de la resolución presupuestaria del 2026-27 para, entre otras cosas, no afectar el plan fiscal ya aprobado.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, sostuvo, en entrevista telefónica, que por meses se han reunido con los miembros de la JSF para discutir las propuestas contributivas de la gobernadora, cuyo impacto fiscal se calcula en unos $550 millones.