El gobierno de Puerto Rico proyecta que el nuevo contrato para el suplido de gas natural licuado con New Fortress Energy (NFE) podría producir un ahorro de 22% en los gastos del combustible para las unidades de generación temporales y en la central de Palo Seco (Toa Baja), indicó este martes el zar de Energía, Josué Colón.

“Cuando entre en vigor este contrato, la diferencia en costo en el uso del combustible, gas natural, en las unidades que están en el norte va a ser de 22%, la reducción. Eso se estima en un poco más de 50 millones en operación en un año”, explicó el también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

El ahorro específico de $54 millones por año se debe a que, en la negociación del contrato –de siete años–, el costo por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu, en inglés) bajó de $10.29 a $7.95 en las unidades temporales. Mientras, las unidades de San Juan #5 y #6 mantuvieron su costo en $6.50 por MMBtu, conforme a lo establecido en el contrato de 2019.

Durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aseguró, por su parte, que los ahorros se pasarían a las facturas de los consumidores, en un término mínimo de tres meses. Todo dependerá de cuándo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dé su aprobación final al pacto.

“Necesitamos el contrato aprobado para que se empiecen a materializar esos ahorros para, entonces, eventualmente, pasarles ese ahorro a los consumidores, solicitando una reducción en la tarifa (al Negociado de Energía de Puerto Rico, NEPR)”, agregó Domenech.

El Nuevo Día cuestionó si el ahorro sería transparente, considerando que el NEPR lleva un proceso de revisión de la tarifa base, que se prevé terminará en un aumento.

Aunque Domenech no quiso partir de la premisa del aumento, señaló que la reducción en los costos del combustible serviría para “mitigar” cualquier potencial alza en la tarifa eléctrica. Igualmente, recalcó que, cuanto antes tengan el contrato autorizado por la JSF, podrían integrar los ahorros al “rate case”.

“Cada tres meses, el Negociado hace una revisión tarifaria sobre costos como el del combustible. Así que, bien podría entrar ese ahorro en el caso tarifario permanente, que se está viendo y que va a tardar unos seis meses, como puede verse en la revisión trimestral tarifaria que hace el negociado”, explicó, al considerar que eliminar la exclusividad del muelle es el segundo gran adelanto del contrato.

En el caso de la revisión tarifaria, dijo Domenech, también podría entrar la decisión del Tribunal Supremo que declaró nula la inmunidad otorgada a LUMA Energy ante reclamaciones de consumidores.

Ante la determinación del máximo foro judicial, la administración se encuentra en una “evaluación completa”, que incluye dos cláusulas del contrato operacional del consorcio, que hablan, por un lado, de la responsabilidad por responder a las reclamaciones y, por el otro, de los reglamentos que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía para atenderlas y la continuidad del pago de seguros para cubrir estos gastos.

“En estos momentos, estamos haciendo una evaluación completa para poder responder, si es que LUMA decide pedirle al Negociado que nos aumenten la tarifa, a raíz de esta decisión. Pero lo que debe quedar claro es que el gobierno de Puerto Rico va a defender al consumidor ante cualquier intento de aumento en la tarifa”, subrayó.

La decisión, destacó, no incide en la decisión del gobierno de comenzar el proceso de cancelación del contrato de LUMA antes que acabe el año.