La gobernadora Jenniffer González aún no ha solicitado formalmente excluir a la Policía de la reforma policial y afirmó que, una vez lo haga, no implica, de inmediato, que se pierdan o se dejen de asignar anualmente $20 millones de fondos estatales que hoy se destinan para impulsar los cambios acordados.

“Eso es parte de un proceso. No es que pierdes eso (los $20 millones) de la noche a la mañana. Y, obviamente, es un proceso donde tiene que participar el gobierno estatal y el gobierno federal. Hay un tribunal, o sea, esto no es que mañana me firmen un papel y levantamos”, dijo la primera ejecutiva a preguntas de El Nuevo Día.

En mayo, la gobernadora reveló que le solicitó al presidente Donald Trump sacar la Policía de Puerto Rico de la reforma, que comenzó en 2012.

González aclaró que aquello fue una petición verbal y que el proceso oficial, que debe ser a través del Tribunal Federal, no se ha ejecutado.

“Eso todavía está en conversaciones. No hay un documento radicado por parte del gobierno de Puerto Rico sobre esto. Estamos empezando esas conversaciones”, afirmó la primera ejecutiva.

“Se ha hecho verbal, pero no hay una versión por escrito. Todavía, no”, agregó.

Cuestionada sobre si actuaría antes que se acabe este año en esa dirección, la gobernadora respondió: “No me quiero poner una fecha porque también tengo que ver qué es lo que me dice el gobierno (federal)”.

Trump busca abandonar o desistir de políticas para reducir el empleo de fuerza en los cuerpos policíacos y de seguridad.

La reforma de la Policía de Puerto Rico se estableció luego que, en julio de 2008, el Departamento de Justicia federal investigó presuntos patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles por parte de la Uniformada.

La reforma busca asegurar la protección de los derechos civiles, fortalecer las relaciones con las comunidades, adiestrar a los miembros de la Policía en las mejores prácticas y proveerles las herramientas necesarias para la lucha contra el crimen.

Exige que a la Uniformada se le asignen anualmente $20 millones de presupuesto para impulsar esos objetivos, que haya una Oficina de Reforma para coordinar las actividades de cumplimiento e implementación de las medidas y que sirva de enlace entre Justicia federal, los Comités de Interacción Ciudadana (CICs) y el monitor federal, que fiscaliza los esfuerzos. Ese monitor y el comisionado especial (“special master”) son determinantes ante el Tribunal Federal sobre la deseabilidad del gobierno de Puerto Rico de que se excluya la Policía de la reforma.