La gobernadora Jenniffer González firmó este miércoles un proyecto que enmienda la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para que cada nuevo nombramiento a la jefatura sea por 10 años, indistintamente si su predecesora culminó el término para el que fue designada.

Previo a que González firmara la Ley 18-2025, la Ley 20-2001, que crea la OPM, disponía que, si surgía una vacante permanente previo a que la procuradora cumpliera su término, la persona nombrada como sucesora debía completar el mandato de la anterior.

Por ejemplo, cuando la exgobernadora Wanda Vázquez Garced salió de la OPM para ocupar la secretaría de Justicia, no había culminado el término de 10 años para el que fue nombrada y confirmada, en 2010. Entonces, en 2018, fue nombrada la ahora jueza Lersy Boria Vizcarrondo para completar el término que su antecesora dejó incompleto.

“El nombramiento de la procuradora de las Mujeres, al ser confirmado por el Senado, será considerado un nuevo mandato, reforzando la estabilidad en el cargo y asegurando la correcta implementación de los procedimientos establecidos”, establece la medida de administración en la que González estampó su firma.

Esta nueva disposición no impacta el nombramiento de la recién confirmada procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, quien fue nombrada sin que quedara un término previo por cumplir.

Junto al Proyecto del Senado 449, González formó otras cinco medidas relacionadas con la integración de tecnología, adultos mayores, tránsito y la concesión de escuelas en Trujillo Alto y Juncos.

La Ley 16-2025 enmienda la legislación que establece el proceso administrativo uniforme, a los fines de que las querellas, peticiones o solicitudes, así como las notificaciones en los procedimientos adjudicativos, puedan realizarse por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico accesible a la ciudadanía.

“(Es) un paso fundamental la integración de la tecnología en los servicios gubernamentales, para maximizar la eficiencia y agilidad en la prestación de servicios y en las comunicaciones entre las agencias y los ciudadanos”, establece el comunicado de prensa en el que se anunciaron las nuevas leyes.

Mientras, la Ley 17-2025 está relacionada con aclarar el lenguaje y reorganizar disposiciones en la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores.

Asimismo, la Ley 19-2025 enmienda la Ley 22 de Vehículos y Tránsito y extiende el término de renovación de permisos para el uso de tintes en los cristales de los vehículos de uno a cinco años. Igualmente, se establece un trámite especial para personas con condiciones médicas permanentes y para vehículos con funciones críticas.

González avaló dos resoluciones para traspasar la administración de dos escuelas. Primeramente, cedió la escuela Laura Navarro, ubicada en el barrio Ceiba Sur en Juncos, a Long Term Recovery Group of Puerto Rico, una organización sin fines de lucro “que busca preparar a la comunidad con las herramientas para que estén preparados en caso de ser afectados por un desastre u emergencia”.

También, entregó la antigua escuela elemental Antonio S. Pedreira al Municipio de Trujillo Alto, para establecer oficinas administrativas de los gobiernos estatal, federal o municipal.

Con este nuevo paquete, a 133 días de su administración, González ha estampado su firma en 19 leyes y siete resoluciones conjuntas.