La gobernadora Jenniffer González insistió este miércoles en que los cambios propuestos al sistema contributivo sean aprobados este mes en la Asamblea Legislativa para que apliquen en la próxima planilla de contribución sobre ingresos, y rechazó la posibilidad de que se aplace su vigencia al próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.

“Yo estoy en contra de eso... Nosotros incluimos en el presupuesto de este año que está corriendo una reserva de 5%, en el presupuesto, para cualquier eventualidad. Esa reserva está ahí, y nosotros hemos ahorrado lo suficiente como para poner ese dinero en el bolsillo de la gente”, manifestó la mandataria, a preguntas de El Nuevo Día, tras una conferencia de prensa en la que anunció un ajuste salarial para personal de enfermería, en Centro Médico.

Adelantó que este jueves se reunirá con las minorías legislativas, en la propiedad de la gobernante en Jájome, Cayey, para discutir detalles de la llamada reforma contributiva.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no se ha expresado públicamente sobre el proyecto de administración, ha establecido como normativa que la aprobación de medidas que ajusten o enmienden el presupuesto deben formar parte de la resolución presupuestaria que se aprueba al inicio del año fiscal.

Cuestionada sobre la posibilidad de que la JSF opte por dejar la propuesta contributiva para el año fiscal 2026-2027, González respondió: “Pero es que nosotros estamos trabajando con la Junta. Todas estas medidas se han discutido con la Junta desde enero del año pasado”.

¿Hay buena actitud de la Junta ahora mismo?, se le preguntó.

“Tenemos una buenísima comunicación. Ellos, en algunas cosas, preferirían que se retasaran todas las propiedades en Puerto Rico. Yo estoy en contra de eso porque eso implica que, aun con el costo de vida, van a aumentarle las propiedades a la gente”, manifestó.

“Estamos redirigiendo (los fondos) a lo que, para mí, es importante. ¿Qué para mí es importante? Que la gente pueda mitigar su costo de vida“, agregó.

La reforma contributiva, una medida contenida en la plataforma de gobierno de González, contempla, entre otras cosas, reducir las tasas contributivas y aumentar el reembolso provisto por el Departamento de Hacienda por cada dependiente. El impacto fiscal de la iniciativa se estima en unos $550 millones, y la gobernadora ha asegurado que se identificaron los fondos necesarios.

La legislación comenzó a discutirse este miércoles en la Cámara de Representantes, y la evaluación en el Senado inicia el 20 de enero.

“Cuando yo llegué (al poder), yo le prometí al pueblo de Puerto Rico que íbamos a bajar las contribuciones”, insistió la primera ejecutiva.