La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó un pedido de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para que empleados de la Rama judicial se beneficiaran de un programa de retiro incentivado bajo la Ley 80 de 2020.

“La Junta de Supervisión aprecia profundamente las contribuciones dedicadas de todos los empleados del gobierno y entiende que muchos empleados desean participar en el programa de la Ley 80. Sin embargo, se logró el acuerdo para permitir la implementación parcial de la Ley 80 después de un largo proceso, que ahora ha concluido y es posible que no se vuelva a abrir porque el Tribunal Federal en Puerto Rico ya ha afirmado los parámetros actuales de implementación”, lee una carta enviada el 24 de mayo al director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa.

Además, la JSF recordó a la OAT que la implementación de la Ley 80 fue posible tras un acuerdo entre el gobierno y el ente a cargo de las finanzas de la isla con el compromiso de que se lograran ahorros y no se afectaran servicios esenciales.

La Ley 80 fue declarada nula, en mayo de 2022, por el Tribunal Federal tras un pedido a esos efectos de la JSF. Para su implementación parcial fue necesario que la JSF y el gobierno alcanzaran un acuerdo, cuya estipulación final de la negociación se entregó al foro federal y permitió que se viabilizaran algunas de sus cláusulas. Los empleados recibirán como pensión el 50 % de su salario, $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y el pago de sus vacaciones acumuladas.

La JSF exigió que los puestos de los retirados no se pueden llenar nunca más. Para ello, el gobierno asegura que creó parámetros de fiscalización. Como consecuencia, en abril pasado, unos 1,130 empleados del gobierno se acogieron a la jubilación mediante la Ley 80 de 2020.

La selección de los empleados fue cuestionada por un grupo de servidores públicos que aduce que, inicialmente, sus puestos fueron declarados “no esenciales” y, luego, se les dijo lo contrario. Este grupo está, a través del tribunal, solicitando al gobierno información detallada del proceso de selección. Por ende, existe la posibilidad de que el caso desemboque en un pleito legal.

La JSF, en la carta firmada por su director ejecutivo, Robert Mujica, dejó claro que los empleados de la Judicatura se jubilarán mediante la Ley 106 de 2017.

“Queremos asegurarles que los empleados que no resultaron elegibles por el gobierno bajo la Ley 80 seguirán teniendo derecho a recibir sus beneficios gubernamentales actuales: pensión, beneficios del Seguro Social e ingresos de sus cuentas de la Ley 106 de 2017 una vez que alcancen la edad y años de servicio requeridos para la jubilación”, indicó la JSF.

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