La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concedió al gobierno una última oportunidad para frenar la implementación de la Ley 41-2022, de enmiendas al estado de derecho laboral, antes de proceder con una impugnación judicial, como ha anticipado desde que el gobernador Pedro Pierluisi la firmó el 20 de junio.

En la misiva, el presidente de la JSF, David Skeel, le recuerda a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, que el 30 de julio el organismo pidió que se suspendiera el efecto del estatuto a cambio de evitar un litigio ante la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa los casos de quiebra del gobierno.

“Aunque el gobierno ha rechazado este acercamiento, le pedimos que reconsidere y nos deje saber de inmediato si el gobierno ha cambiado su postura”, escribió Skeel en la carta con fecha de hoy, martes.

En la carta no se precisa cuánto tiempo tendría el gobierno para responder a la advertencia del organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

En declaraciones escritas, Marrero confirmó el recibo de la misiva e indicó que, tras evaluarla, se determinará “el próximo paso a seguir”.

Originalmente, la JSF le había concedido al gobierno de Pierluisi hasta el 4 de agosto para que revirtiera su decisión de implementar los cambios a la reforma laboral, que restituyeron ciertos derechos a los trabajadores en términos de periodos de vacaciones y enfermedades, así como los parámetros para cualificar para beneficios como el bono de Navidad y la extensión de los periodos probatorios. Sin embargo, en casi tres semanas desde entonces, la JSF no ha presentado el recurso legal anticipado.

Según la JSF, un análisis del economista Robert Triest concluyó que la reforma laboral tendría un efecto adverso sobre el clima de inversión en el país y, por consiguiente, en los recaudos del gobierno. La administración de Pierluisi ha pedido que se dé curso a la implementación de la ley y posteriormente se revalúe, de ser necesario, al sostener que es complicado realizar proyecciones certeras del impacto macroeconómico.

Desde su entrada en funciones, la JSF ha tenido éxito impugnando leyes que considera violan los planes fiscales certificados, incluyendo el estatuto que eximía a los municipios de sus aportaciones al Plan Vital y el retiro de los empleados públicos, así como la llamada Ley de Retiro Digno, que pretendía resucitar los modelos de pensión definida en el sector gubernamental.