El gobernador Pedro Pierluisi (extrema derecha) mantenía la postura de defender en los tribunales la Ley 41, una vez la JSF proceda con la demanda buscando su anulación.
El gobernador Pedro Pierluisi (extrema derecha) mantenía la postura de defender en los tribunales la Ley 41, una vez la JSF proceda con la demanda buscando su anulación. (David Villafane/Staff)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha presentado el recurso de impugnación ante la jueza Laura Taylor Swain para detener la implementación de las estipulaciones contenidas en la Ley 41-2022 que enmienda la reforma laboral pese a que el plazo que concedió al gobierno venció ayer, jueves.

Sylvette Santiago, portavoz del ente fiscal, resaltó, mediante declaraciones escritas, que el organismo se encontraba todavía “evaluando” una comunicación del gobierno enviada en la noche del jueves y que la JSF se expresaría próximamente sobre sus siguientes pasos.

Por su parte, la portavoz del gobernador Pedro Pierluisi, Sheila Angleró, indicó que el ejecutivo mantenía la postura de defender en los tribunales la Ley 41, una vez la JSF procediera con la demanda buscando su anulación. Angleró precisó que, en el contexto del vencimiento del plazo otorgado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) envió una carta a la JSF de la cual, al momento, no se había suministrado copia a este medio.

Desde antes de la firma de la Ley 41 en junio, la JSF advirtió a la Legislatura y al ejecutivo que el proyecto que restituyó parte de los derechos a los trabajadores que fueron eliminados en la reforma laboral de 2017 era inconsistente con el plan fiscal certificado debido a su alegado efecto en la economía y, en consecuencia, sobre los recaudos del gobierno central.

Ante la esperada impugnación del estatuto, el abogado experto en la Ley Promesa, John Mudd, recordó que la JSF ha prevalecido en todos los pleitos donde ha buscado la anulación de leyes estatales recién promulgadas, incluida, hace un año, la Ley 7 de Retiro Digno.

“La jueza (Laura Taylor Swain) ha dicho, y el Primer Circuito (de Apelaciones) ha confirmado, que las decisiones de la Junta respecto a este tipo de cosas son como las decisiones de una agencia administrativa federal. Le toca al gobierno decir que la decisión de la Junta es arbitraria y caprichosa. Ahí es donde entra el problema: como se trata del plan fiscal, el tribunal carece de jurisdicción para cuestionar el plan fiscal. Lo dice claramente Promesa”, subrayó el abogado de quiebras.

En ese sentido, dijo Mudd, recaería sobre la administración de Pierluisi el peso de demostrar que la JSF está errada en su planteamiento sobre el incumplimiento de la Ley 41 con el plan fiscal. No obstante, el propio Pierluisi reconoció que su gobierno carece de estudios o análisis empíricos que sustenten la premisa de que el estatuto promoverá el crecimiento económico o, al menos, no impedirá ese desarrollo, optando por argumentar que la JSF tampoco ha probado lo contrario.

“Lo mismo que dijo Pierluisi lo derrota. Él dice ‘nosotros no lo hemos demostrado, pero la Junta tampoco’. Pero es que la Junta no tiene que hacerlo, la decisión está tomada”, dijo Mudd, al expresar que la única vía del gobierno para salir airoso del potencial pleito sería presentar estudios académicos que justifiquen su posición.

Para el también abogado Rolando Emmanuelli, sin embargo, el caso traería a la mesa una serie de elementos noveles en el contexto de Promesa que, a su juicio, darían al gobierno la oportunidad de convencer a la jueza Swain de que sus planteamientos son correctos.

“Aquí se trata de planteamientos macroeconómicos porque es una reforma laboral en el sector privado. Las partes tienen que establecer mediante prueba pericial que, efectivamente, la reforma que establece esta ley afecta o no la economía. Eso es parte de los debates contemporáneos sobre la economía, de cómo inciden en la economía el salario mínimo o los beneficios marginales”, sostuvo Emmanuelli, al sostener que ha quedado “desmentida” la idea “neoliberal” de que otorgar mayores beneficios al sector obrero tiene un efecto nocivo sobre la economía.

En su carta a la Aafaf del pasado 30 de julio, la JSF incluyó un análisis realizado por el economista Robert Triest que concluye que las características del mercado laboral en Puerto Rico lo hacen “especialmente vulnerable” a “reducciones en el empleo en la economía formal” a consecuencia del estatuto. Entre otros elementos, la Ley 41 redujo los períodos probatorios y la cantidad de horas requeridas para cualificar para beneficios como el bono de Navidad, al tiempo que incrementó la acumulación de licencias de enfermedad y de vacaciones.

Para el economista José Caraballo Cueto, no obstante, el análisis de Triest dista del tipo de estudio que se requiere para alcanzar conclusiones sólidas, toda vez que, por ejemplo, atribuye a la reforma laboral del 2017 el crecimiento en empleos que se ha registrado en el último año y medio, sin considerar el impacto que ha tenido en ese periodo el influjo de fondos federales de reconstrucción.

“Hace falta mucho más análisis que lo que está proponiendo la Junta”, dijo Caraballo Cueto, al opinar que, hasta ahora, el debate entre el organismo fiscal y los sectores que defienden la Ley 41 no ha sido más que uno “ideológico” entre quienes defienden una economía neoliberal y los que buscan proteger los derechos laborales.

Para Emmanuelli, aunque existe “espacio” para que el gobierno exponga que la postura de la JSF es “arbitraria y caprichosa”, se requeriría “voluntad” para presentar un caso fundamentado en evidencia científica.

“A la luz de la experiencia pasada, yo entiendo que no. En muchos de los casos el gobierno ha alzado las manos y en otras la defensa (de sus leyes firmadas) ha sido muy pobre. Tiene que haber esa voluntad que hasta el momento no he visto”, puntualizó el letrado.

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