La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) aún no ha solicitado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reprogramación de los $11.2 millones incluidos en el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023-2024, destinados a la implementación del alza salarial a los jueces y juezas del país.

“La sentencia que se emitió el viernes pasado no se ha discutido aún con esa entidad. Ese asunto y otros temas de interés para nuestro personal y para la administración de los tribunales se discutirán con la Junta en una próxima reunión”, expresó el Poder Judicial en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

De inmediato, no se especificó cuándo será la reunión con el ente fiscal.

Este domingo, Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), entidad que mantiene bajo su custodia los fondos, dijo que es la OAT la entidad que tiene que pedir la redistribución del dinero a sus cuentas.

La semana pasada, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó la entrada en vigor del alza salarial para los togados - que oscilan entre los $22,164 y $29,556 anuales- y ordenó al gobierno a hacer los trámites necesarios para comenzar a pagar los aumentos, retroactivo al 1 de julio.

La determinación de Cuevas respondió a dos pleitos presentados, por separado, por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, exigiendo la implantación del alza salarial.

Los demandantes alegaron que la Legislatura avaló el aumento salarial mediante la aprobación de la resolución conjunta del presupuesto para el año fiscal 2023-2024, que asignó $11.2 millones para la otorgación de los aumentos. Por lo tanto, la aprobación de una pieza legislativa ulterior no era necesaria para implantar el incremento.

La Cámara solicitó, sin éxito, la desestimación de la demanda y recalcó que la Constitución establece que el salario del gobernador, los legisladores, jefes de agencias y jueces, por la naturaleza de sus posiciones, tienen que establecerse a través de una legislación especial.

Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, no anticipó si apelará a la determinación judicial. “No adelantaremos nuestros próximos pasos ni estrategias legales, y estaremos vigilantes al trámite presupuestario y los procesos administrativos para implementar el aumento a estos empleados públicos y, sobre todo, que se proteja la doctrina de separación de poderes dispuesta en nuestra carta magna”, indicó el líder legislativo