El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, no ha adelantado si este cuerpo legislativo apelará a la determinación del juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que ordenó el pasado viernes la entrada en vigor del alza salarial para los jueces y ordenó al gobierno a hacer los trámites para comenzar a pagar los aumentos, retroactivo al 1 de julio.

“No adelantaremos nuestros próximos pasos ni estrategias legales, y estaremos vigilantes al trámite presupuestario y los procesos administrativos para implementar el aumento a estos empleados públicos y, sobre todo, que se proteja la doctrina de separación de poderes dispuesta en nuestra carta magna”, indicó el presidente cameral en unas expresiones escritas enviadas a El Nuevo Día.

La determinación del juez Cuevas responde a dos pleitos presentados –por separado- por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, exigiendo la implantación del alza salarial.

Los demandantes alegan que la Legislatura avaló el aumento salarial mediante la aprobación de la resolución conjunta del presupuesto para el año fiscal 2023-2024, que asignó $11.2 millones para la otorgación de los incrementos. Por lo tanto, sostienen que la aprobación de una pieza legislativa ulterior no es necesaria para implantar el alza.

La Cámara solicitó, sin éxito, la desestimación de la demanda y recalcó que la Constitución establece que el salario del gobernador, los legisladores, jefes de agencias y jueces, por la naturaleza de sus posiciones, tienen que establecerse a través de una legislación especial y no mediante una resolución de presupuesto.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, indicó que, según el trámite dispuesto, es la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) la que tiene que solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reprogramación de los fondos a sus cuentas. “En situaciones de redistribuciones, si la Junta lo autoriza, nos enviará una comunicación y, entonces, nosotros procedemos a procesar la transferencia”, indicó Blanco.

Buscarán paridad salarial

En las declaraciones escritas, el líder cameral reafirmó que la “deficiencia” que enfrenta la Rama Judicial en términos salariales no es exclusiva. De hecho, fue precisamente esa disparidad lo que, según Hernández, evitó que el Proyecto del Senado 1292 –que contenía la distribución de los fondos para conceder los aumentos- recibiera el aval de ambas cámaras.

Representantes del PPD no favorecían el incremento a los jueces si no se tomaban medidas similares para las otras ramas de gobierno. “Actualmente, prevalece una disparidad salarial entre las tres ramas de gobierno que es insostenible, lo que ha limitado y amenaza con continuar limitando la capacidad de reclutamiento de funcionarios para servir en la Rama Ejecutiva y en la Rama Legislativa”, expuso Hernández Montañez.

A tales fines, el representante indicó que sometió -el pasado 15 de noviembre, un día antes de la determinación judicial- el Proyecto de la Cámara 1956, que procura: ajustar el salario de los legisladores al de los jueces municipales, uniformar la compensación del gabinete constitucional y el liderato legislativo al de los jueces superiores y equiparar la remuneración del gobernador, los presidentes legislativos y la jueza presidenta.

La iniciativa del presidente cameral toma como base los salarios ajustados de los jueces, o sea, una vez concedido el aumento. Por ejemplo, el salario del gobernador –que actualmente asciende a $70,000-, sería de $154,556, lo que ganaría la jueza presidenta del Tribunal Supremo otorgada el alza. “Esta propuesta amerita la más amplia discusión entre todos los sectores”, aseveró.

La semana pasada, en el cierre de los trabajos de la sesión ordinaria, el Senado rechazó el Proyecto del Senado 1292, luego que la Cámara le incluyera lenguaje a la medida para equiparar los salarios de las tres ramas de gobierno.

Actualmente, la Legislatura se encuentra en receso, por lo que la medida cameral podría ser atendida a partir de enero.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.