El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, puso en duda la compatibilidad de la recién firmada ley que separó a la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP) con el plan fiscal certificado del gobierno central, si bien resulta incierta la facultad que tendría el organismo para detener la implantación del estatuto mientras opere con cinco vacantes entre sus siete sillas, tras los despidos del presidente Donald Trump.

De inmediato, la gobernadora Jenniffer González despachó los planteamientos de la JSF y reveló que su administración evalúa seguir descentralizando las dependencias adscritas al DSP, medida que, a su juicio, tiene el potencial de redundar en ahorros futuros.

“La Junta de Supervisión está preocupada de que la implementación de la Ley 83 resultará en costos administrativos incrementales significativos. Como tal, la entrega (para evaluación de la) Ley 83 debe incluir un estimado completo de cualquier costo administrativo incremental y abordar si el gobierno tiene un plan para mitigar o eliminar esas pérdidas. Más aún, la certificación (de cumplimiento con el plan fiscal) debe atender, tomando en cuenta cualquier medida de mitigación, cómo cualquier redundancia creada por la ley es o no significativamente inconsistente con el plan fiscal”, escribió Mujica al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech.

En entrevista con El Nuevo Día, la mandataria recalcó que la autonomía concedida a la Policía fue uno de los compromisos programáticos de su campaña electoral y que ya está en curso el análisis sobre el futuro del DSP.

“Ya le pedí al director de (la Oficina de) Gerencia y Presupuesto (OGP, Orlando Rivera Berríos) que me evaluara el DSP. Yo creo que, si todas las demás unidades están trabajando de manera independiente y autónoma, hasta en edificios distintos, (hay que evaluar) si el DSP se convierte en el organismo que debemos revisar y eliminar y, con eso, disipar cualquier preocupación que tenga la Junta en términos económicos”, puntualizó la primera ejecutiva vía telefónica.

Tras las salidas del Instituto de Ciencias Forenses –en 2020– y la Policía, el DSP mantiene bajo su sombrilla a los negociados del Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, del Sistema de Emergencias 9-1-1, Emergencias Médicas e Investigaciones Especiales.

Según González, desmantelar el DSP permitiría devolver empleados de nivel central a las respectivas dependencias adscritas.

“Me reúno con el director de la Junta la semana que viene y esto será uno de los temas que le traeré, porque para mí es bien importante. Si hubiera algún gasto adicional por parte de esa transición, lo tengo identificado en el presupuesto para poderlo manejar, así que no me preocupa”, subrayó González.

La gobernadora puntualizó que, previo a la carta de Mujica, la OGP había entregado a la JSF una certificación de “que no era un impacto oneroso y, si lo hubiera, se habían identificado los recursos”.

“Lo que pasa es que me parece que el DSP o la Junta hicieron una proyección de que se necesitaban 4,000 empleados civiles, y eso no es correcto. En el pasado, la Policía ha estado operando sin esa cantidad de personal, así que se parte de premisas incorrectas”, planteó.

La misiva de Mujica, que en su encabezado incluyó los nombres de los dos integrantes restantes de la JSF, Andrew Biggs y John Nixon, es la primera comunicación sobre gestiones oficiales que emite el organismo desde que la Casa Blanca removió a los otros cinco miembros, una sacudida que se ha interpretado como un intento de conformar un ente que favorezca los intereses de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica en pleno proceso de mediación por la deuda reclamada de sobre $8,500 millones.

Si bien la JSF ha asegurado que continuará sus operaciones cotidianas bajo el mando de Biggs y Nixon y las gestiones en manos de Mujica, la propia ley Promesa incluye la paralización de estatutos firmados entre las funciones que requieren un apoyo mayoritario de la “membresía designada completa” del organismo, es decir, al menos cuatro votos.

“Un voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta de Supervisión bajo una membresía designada completa se requeriría para que la Junta de Supervisión apruebe un plan fiscal bajo la sección 201, apruebe un presupuesto bajo la sección 202, cause que una acción legislativa no se implemente bajo la sección 204 o apruebe o desapruebe un proyecto de infraestructura como proyecto crítico bajo la sección 503”, estipula Promesa.

En su carta, con fecha del jueves, Mujica recalcó que la sección 204 requiere al gobernador de turno someter a la JSF cada ley aprobada, junto a una certificación de su impacto fiscal, “no más tarde de siete días después de su promulgación”, plazo que, en el caso de la Ley 83-2025, vence hoy, viernes.

Mediante la Ley 83, se restableció el tradicional cargo de superintendente de la Policía, que ocupa Joseph González, en lugar del puesto de comisionado que existió bajo la sombrilla del DSP.

“Nadie más tiene que estar aprobando, ni nadie más tiene que estar supervisando, ni nadie más tiene que estar mandando en las cosas que le tocan a la Policía”, expresó la gobernadora el 30 de julio, tras estampar su firma en la legislación.