En la foto, de izquierda a derecha, los cabilderos por la estadidad Roberto Lefranc, María “Mayita” Meléndez, Elizabeth Torres y Melinda Romero. Al centro, el gobernador Pedro Pierluisi.
En la foto, de izquierda a derecha, los cabilderos por la estadidad Roberto Lefranc, María “Mayita” Meléndez, Elizabeth Torres y Melinda Romero. Al centro, el gobernador Pedro Pierluisi. (Suministrada)

La delegada por la estadidad y exsenadora Melinda Romero acusó hoy, martes a su homóloga Elizabeth Torres de no hacer “nada” por cumplir con su faena de abogar por la estadidad para Puerto Rico.

Por ello, instó a Torres a renunciar al cargo electivo que ocupa para dejar el camino libre a otra persona que haga su trabajo.

Mi punto de vista es, pues si no crees en el proceso, no crees en la finalidad de lo que es el proceso, no te debiste haber sometido y mucho menos cobrar un dinero por un trabajo que no se está haciendo. La compañera no ha querido participar en algunos de los proyectos que nosotros hemos querido presentar como delegación. Siempre ha tenido palabras bien insultantes para algunos de los compañeros por alguna que otra cosa que uno no piense igual. Y lamentablemente se ha quedado al margen. Ella no ha regresado a Washington después de la primera semana de julio”, destacó Romero en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Después de sus declaraciones me hace pensar que no tiene ningún interés en esto y que su interés era otro completamente personal y entiendo que si es de esa manera, debería dejarle el puesto a alguien que sí le interesa trabajar por la estadidad porque al final y al cabo para eso fue que juramentamos para defender y promover la estadidad para Puerto Rico”, agregó la exsenadora.

Se refiere a las expresiones recientes de Torres en un vídeo colgado en su página llamada “La premisa inarticulada”. En el vídeo Torres deja claro que tiene tres prioridades y que las hizo claras antes de aspirar como cabildera por la estadidad en marzo pasado. Esas prioridades incluyen luchar en contra de la perspectiva de género, la estadidad y su “lucha para sacar” a su compañero Edwin Domínguez (expareja de la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro) del “encierro” domiciliario en el que se encuentra por violar una orden de protección a favor de una menor.

“Cuando yo salí electa, yo dije claramente que no iba a abandonar ninguna de mis luchas. Lo dije antes y lo dije después y el que me sigue así lo hace. Yo no tengo por qué disculparme por mis posturas. Y yo creo que en mi tiempo como delegada hago mucho más trabajo del que se me exige. Se me exigen 37.5 horas de trabajo. Yo les garantizo que yo trabajo mucho más que eso”, dijo Torres a través de las redes sociales.

Romero aseguró que cuando rinda su informe próximamente, cerca de la fecha en que se cumplirán los primeros 90 días de trabajo de los cabilderos por la estadidad, evidenciará su faena.

Torres no estuvo disponible para entrevista. Pero en su página en Facebook confirmó que le pidió al gobernador Pedro Pierluisi un indulto total para Domínguez. Dijo que “hacer justicia no es un favor, es un deber”. Agregó que el primer mandatario hizo público el encuentro en el que pidió el indulto, pero no dijo la verdad.

Domínguez cumplía una sentencia de cinco años de cárcel, tras ser condenado el 15 de julio de 2020, por violar una orden de protección tras publicar unas fotos de la hija de Lúgaro. No obstante, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced le concedió, en diciembre de 2020, a Domínguez clemencia condicionada por cuatro de los cinco años de la condena.

Bajo los términos de clemencia, Domínguez debe permanecer, los primeros dos año, sin salir de su residencia, y en los últimos dos años de la condena, debe estar en su hogar desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 a.m.

“Y, aunque en la descripción de esa foto el gobernador escribió que, “estábamos discutiendo asuntos de estatus”, algo que no es cierto, decidí ignorarlo y seguir enfocada. Allá cada cual con su consciencia”, manifestó.

Pierluisi, por su parte, indicó que, a raíz del encuentro, personal de su oficina está evaluando las restricciones a la libertad impuestas con el indulto, las cuales entendió como “onerosas” e incluyen el arresto domiciliario de Domínguez por dos años.

“La exgobernadora Wanda Vázquez Garced usó el poder de indulto para cambiar los términos y condiciones de la sentencia (de cinco años de cárcel). Ella (la cabildera por la estadidad) sí trajo en una ocasión a mi atención especial la queja de que las condiciones impuestas a su pareja son irrazonables. Yo la recibí, la escuché y el personal de La Fortaleza ha tenido otras conversaciones con la delegada y en su momento van a asesorarme sobre si cambio o no las condiciones de su pareja. Las restricciones tengo que decir que son bien onerosas. En su momento tomaré la decisión como la tomaría con cualquier otra persona”, dijo el gobernador.

A juicio de Romero, Torres da la impresión de que aspiró al cargo electivo para su beneficio “personal”.

“Ella se ha concentrado de participar de manifestaciones, de temas sociales, que está en todo su derecho, pero para eso no fue que nosotros juramentamos. En su tiempo libre podría hacer esas manifestaciones, pero debería cumplir primero con la función para la que fue electa”, sostuvo.

“La única participación activa mediática que he visto es sobre esos temas. Fuera de criticar la estadidad y los procesos que se están llevando a cabo en pro de la estadidad y de las expresiones muy desacertadas que hizo del gobernador y del compañero Carmelo Ríos”, indicó Romero.

Torres describió en su página a Ríos, secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) como “el vividor del fondo público y de la estadidad”. Además, en una entrevista radial, se expresó desacreditando la capacidad que tienen los delegados que abogan por la anexión de Puerto Rico de mover la causa en el Congreso de Estados Unidos, y llamando “corruptos” a líderes del PNP.

Los delegados por la estadidad deben rendir su primer informe al gobernador. Tienen una remuneración económica de $90,000 más $30,000 para reembolso por sus gastos y estarán sujetos a la Ley de Ética Gubernamental, aunque hayan rechazado el salario asignado.

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