Pese a que el Departamento de Educación realizó el lunes 1,600 pagos –por $12.7 millones– a proveedores de terapias a estudiantes de Educación Especial, los trabajadores de este servicio esencial se manifestaron este martes, frente a La Fortaleza, señalando que el desembolso emitido no cubre la deuda de marzo y en rechazo a la “burocracia gubernamental” que afecta sus compensaciones.

“(El pago) no da para completar marzo, que (la deuda) fue unos $17 millones. Todavía queda casi la mitad de marzo. En abril, ya están en cumplimiento y mayo, ya comienzan a recibirlo. Unos 150 proveedores no han recibido marzo. Es mucho lo que se adeuda y estamos pidiéndole al gobierno que intervenga para que hagan cumplir su palabra”, declaró el presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia, Víctor Moreno, en medio de la protesta.

Al salir de una conferencia de prensa en la mansión ejecutiva, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, se acercó a los proveedores –que operan bajo el mecanismo extraordinario conocido como remedio provisional– y les dijo: “No debe haber incertidumbre, se les va a pagar”.

“Se asignaron no solamente estos $13 millones, se suman otros $8 millones, que sobrepasan los $20 millones, que es lo que ha salido en pagos. Hay unos $40 millones que ya están en proceso de planteamiento para poder atender lo que resta de año fiscal (que culmina el 30 de junio). Hay identificación de fondos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y hay un compromiso con todos estos servidores que están aquí y un interés de que estén bien”, planteó el titular, frente una treintena de manifestantes, entre terapistas y padres.

Por su parte, Moreno –proveedor con 70 terapistas a su cargo– denunció que los reclamos van dirigidos a “eliminar la burocracia entre agencias para que se le asignen al Departamento de Educación los fondos requeridos para poder pagar la deuda de marzo y abril”.

Previo a salir a atender a los terapistas, Ramos Parés detalló, en la conferencia de prensa, que el retraso en los pagos le genera “frustración, porque es un proceso no contemplado ante la congelación de fondos federales”.

“Aunque hemos tenido progresos en las conversaciones con (el Departamento de) Educación federal, sin duda alguna, se ha trastocado estos procesos que antes eran mucho más ágiles. No habiendo recibido respuesta de Educación federal para la reutilización (de fondos), no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, dijo, al señalar que los vales de pagos de las facturas se tuvieron que hacer manual.

Abundó que todo el proceso estaba diseñado bajo cuentas federales, así que a “estas miles de facturas hubo que darles un retroceso”. Explicó que los más $20 millones para los pagos provinieron de sobrantes internos.

“Sin duda alguna, queremos pagar rápido, queremos pagar ágil. Este servidor ha estado en el proceso de remedio provisional desde el 2013, y puedo constatar que ha habido momentos en donde el retraso ha sido de siete u ocho meses. Este programa no estaba ni siquiera creado a nivel presupuestario. En los últimos años, tuvieron unas asignaciones sumamente grandes que permitieron darle agilidad a los pagos, igualmente, con otras medidas como la sistematización”, explicó Ramos Parés.

También, recalcó que Educación estaba pagando, en promedio, a 10 días del mes adeudado. “Al 28 de marzo, cuando hubo la congelación de los fondos, los pagos estaban súper al día”, defendió, ante los señalamientos de proveedores sobre tres meses adeudados.

“Lo cierto es que, si hay facturas de meses anteriores a los que tenemos ahora, es porque tuvieron algún percance y les fue devuelta al proveedor para su corrección. No te voy a negar que hay una factura de febrero, hay dos o tres de marzo, que están ahí correspondientes a ese mes, pero radicadas en días recientes”, respondió Ramos Parés a El Nuevo Día.

Sobre las iniciativas presupuestarias para garantizar los pagos en el próximo año fiscal –que inicia el 1 de julio–, dijo que la OGP identificó “fondos para redistribuir dentro del mismo presupuesto” y que Educación solicitó “ajustes” para lograr una asignación de $100 millones para remedio provisional.