Hatillo - Con el argumento de que el gobierno no cumplía cabalmente con la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), la gobernadora Jenniffer González justificó este lunes la aprobación de enmiendas al estatuto para, entre otras cosas, ampliar los términos que tienen las agencias para dar acceso a información pública.

Durante el fin de semana, la mandataria estampó su firma en el Proyecto del Senado (PS) 63, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, que ahora pasó a ser la Ley 156-2025. El nuevo estatuto, entre otras cosas, amplía los plazos e impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales.

“Muchas veces, nos encontramos que tenemos tantas y tantas solicitudes de información que no hay manera de que el gobierno las pueda cumplir a tiempo. ¿Y qué provoca eso? Pues que la gente tenga que ir a los tribunales, invertir en dinero para ir al tribunal, cuando no es que el gobierno se esté negando. Es que, o hay que sacar copias a miles de documentos, hay que hacer búsquedas en archivos inactivos, en algunos casos, así que este proyecto lo que hace es darle un tiempo", sostuvo la gobernadora.

“No es que no se va a entregar información, es que se le da un tiempo y se reglamenta”, añadió, a preguntas de la prensa, luego de una actividad de entrega de incentivos a agricultores, caficultores y ganaderos en Hatillo.

La Ley 156-2025 establece un término de 20 días laborables para la entrega de información, en lugar de los 10 días que establecía el estatuto original de 2019. Este término aplica a aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o “que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”.

Mientras, aumenta a 30 días laborables el plazo para producir la información que sobrepase las 300 páginas o los tres años de antigüedad, y mantiene el lenguaje que deja abierta la puerta para solicitar una extensión de 20 días para cumplir con la petición de información.

Precisamente, la gobernadora reconoció que no toda la información que resguarda el gobierno, aun “números básicos”, está digitalizada. Mencionó que hay iniciativas en esa dirección, pero que aún no han concluido.

“Hemos llevado a cabo extensiones de contratos para digitalizar y que podamos tener ‘live’, al momento, números concretos de las agencias de gobierno, al punto de que hablamos en mayo del programa SIT de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que la gente pueda ver las partidas de cuánto hay en nómina, de cuánto hay en contratos”, subrayó la mandataria.

Calificó el PS 63 como “bueno” porque entiende que establece un procedimiento claro para la entrega de datos públicos, y dijo que “ahora la gente tiene un marco de referencia legal sobre cómo solicitarlo y cómo lograrlo”.

“Creo que, por primera vez, literalmente, estamos diciéndole ‘bueno, tienes tantos días, y no hay excusa’. Y yo estoy a favor de eso”, indicó González.

“Esas enmiendas del presidente del Senado, a mi juicio, dan en el clavo en establecer los procesos para esa solicitud. De hecho, no se está prohibiendo, al revés, lo que se está analizando es cómo la van a pedir, quiénes tienen derecho a pedirla para darle prioridad a la prensa a que puedan solicitar esa información. No se limita al público, pero le da mucho más poder a la prensa de solicitar esa información”, alegó la gobernadora.

Grupos que defienden los derechos civiles, así como organizaciones periodísticas y comunitarias reclamaron a la gobernadora que no firmara la pieza legislativa por entender que es un retroceso y puede hacer hasta académicos algunos pedidos de información.

Además, entidades periodísticas como el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico dejaron claro que el proyecto de ley no fue peticionado por nadie y, contrario a lo que promulga el gobierno, no implica transparencia alguna.

Además, cuestionaron que la nueva ley exija notificar a los jefes de agencia cada petición, y les faculte para decidir si es “no defectuosa”. Las solicitudes deben incluir la dirección postal y el correo electrónico, lo que, han advertido, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

Ante esos señalamientos, la gobernadora ripostó: “Las personas que ustedes me manifiestan que se han opuesto a la firma del proyecto fueron los mismos que se opusieron a la ley original (Ley 141-2019), así que se opusieron a una ley de transparencia para entregar esa información que le garantiza entregar información pública, y ahora se oponen a las enmiendas”.

Sin embargo, en 2019, el CPI, por ejemplo, fue uno de los organismos que abogó por la Ley 141.

Respecto a las penalidades que impone la nueva ley, González dijo que se irán “viendo sobre la marcha”.

De otra parte, la gobernadora dijo que tiene hasta el 20 de diciembre para tomar una decisión respecto al Proyecto del Senado 504, que enmienda el Código Civil para reconocer personalidad jurídica desde la concepción.

“Estoy esperando por información del Departamento de Justicia”, apuntó.

La gobernadora hizo sus expresiones durante una actividad, en Hatillo, donde repartió incentivos a agricultores, ganaderos y caficultores, ascendentes a $2,171,353.01.

“Reconocemos el trabajo del que produce y aporta”, comentó González.

Previamente, la primera ejecutiva compartió con el alcalde de Hatillo, Carlos E. Román, para discutir proyectos en curso en ese pueblo. Particularmente, González dio por comenzada la construcción de un proyecto de una planta de filtración para atender la falta de agua en ese municipio y Camuy, a un costo de de $53 millones. El proyecto debe estar listo para finales del 2027, estimó la gobernadora.

El evento también sirvió para que se firmara un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Agricultura y el Municipio de Hatillo para acercar y facilitar los servicios agrícolas mediante la creación de una Oficina Municipal de Agricultura.