A partir del próximo 30 de septiembre, 484 empleados del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas verán un aumento en sus salarios –retroactivo al 1 de julio–, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) identificara una partida de casi $4.1 millones para implantar los ajustes, según estipulados en el Plan de Clasificación y Retribución Uniforme.

El alza, explicó este jueves el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, impactará especialmente a paramédicos.

“Durante el día de hoy, OGP está haciendo la transferencia a las cuentas del secretario de Hacienda”, dijo, durante la sesión bisemanal de “En Récord”, en La Fortaleza.

Con esta partida, agregó, se está asegurando el incremento –a $2,850– del salario base de los técnicos de emergencias médicas y paramédicos, lo que representará un alza mensual de $558. Los supervisores técnicos, de otra parte, verán un aumento mensual de $833.

En marzo, la JSF había aprobado ajustar los salarios correspondientes a 26 clasificaciones de empleados del gobierno central, incluyendo un incremento al salario base de los paramédicos del sector público. Sin embargo, no fue hasta ahora que se logró la partida para sustentar el impacto presupuestario.

El comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Abner Gómez, aseguró, en tanto, que el compromiso con los paramédicos es inquebrantable. “Sabemos que llevan meses esperando por este aumento, y no descansamos hasta lograrlo. Reconocemos que merecen mucho más, y por eso seguiremos abogando y luchando a favor de nuestra gente todos los días. Su labor es esencial e incansable, por lo que les reconocemos y agradecemos”, expuso, en expresiones escritas.

Durante la sesión informativa, Rivera Berríos anunció, además, que el componente fiscal del gobierno –incluyendo la OGP–inició conversaciones con la JSF dirigidas a planificar el presupuesto para el año fiscal 2026-2027 y los dos subsiguientes.

Esta iniciativa, dijo, no solo permitiría cumplir con lo dispuesto en la ley Promesa y el Plan Fiscal, que establece que “el gobierno debe moverse a presupuestar a largo plazo”, sino que es un paso “necesario” para concretar la reforma contributiva prometida por la administración de Jenniffer González.

“Por años, la Junta ha mencionado que el gobierno no ha realizado una planificación presupuestaria a largo plazo, así que la meta de este presupuesto del 2027 es que podamos presentar un presupuesto de tres o cuatro años”, señaló Rivera Berríos.

“Esto es algo novel. Va a ser un reto para las agencias, pero, si no comenzamos ahora, nunca vamos a poder atender los señalamientos que la Junta ha hecho por los pasados ocho años”, añadió.

Aclaró, sin embargo, que lo anterior no significa que someterán para consideración de la Legislatura un presupuesto, por ejemplo, a tres años. Dicho proceso seguiría siendo anual, salvaguardando las prerrogativas de la Rama Legislativa. “Estamos hablando de que esto es una planificación, adelantarnos a los gastos a futuro, identificar cuáles son recurrentes y cuáles no son recurrentes, y poder hacer los ajustes que correspondan”, especificó.

“Tenemos una meta de reducir el gasto público y hay un compromiso de la gobernadora de poder implementar la reforma contributiva, y para eso tenemos que hacer una planificación a largo plazo, para poder saber de dónde tenemos que cortar”, subrayó.

Dijo que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, trabaja, junto a un comité, en el diseño de la propuesta reforma contributiva, pero no anticipó para cuándo estaría listo. “De nuestra parte, lo que puedo decir es que nos estamos adelantando para que, cuando se logre implementar la reforma, la Junta no detenga esa implementación”, afirmó.