El gobernador Pedro Pierluisi reconoció este martes que el sistema “falló” al excarcelar a Hermes Ávila Vázquez, imputado de asesinar la madrugada del domingo a Ivette Joan Meléndez, en Manatí, y quien tiene un amplio expdiente criminal que data de 1991.

“Ese caso es muy particular. El asunto tiene que ser investigado a saciedad. Ahí, definitivamente, algo falló en el sistema. Estamos claros”, afirmó el primer ejecutivo, en una conferencia de prensa, durante la entrega de equipo deportivo en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

Ávila Vázquez, de 52 años, fue sentenciado, en 2005, a 122 años de cárcel, pero en abril del año pasado se le permitió salir mediante un pase especial porque supuestamente sufría de problemas de salud crónicos, que entre otras cosas, afectaban su movilidad para caminar, estableció el lunes la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar.

Sobre el caso, Pierluisi dijo este martes que Ávila Vázquez “engañó a los propios médicos”.

De acuerdo con expresiones previas de la titular del DCR, Ávila Vázquez era “parapléjico progresivo” y, por eso, salió de prisión bajo el beneficio de la Ley 27 de 1989 y Ley 25 de 1992, enmendadas en 2014, para confinados con enfermedades terminales o con dificultades de desplazamiento.

Ávila Vázquez, quien el lunes fue imputado de cuatro cargos relacionados con el feminicidio de Meléndez, cuenta con un extenso expediente criminal, que incluye violación, secuestro e infracciones a la Ley de Armas. Pero el hombre salió de prisión luego que un panel de médicos lo evaluara, y el personal del DCR examinara la comunidad donde iba a residir. A partir de ese momento, según la agencia, era supervisado mensualmente, lo que incluía visitas a su casa.

Ante varias preguntas sobre qué monitoreo se da a estos reos liberados bajo ambos estatutos o cómo un panel de médicos no pudo advertir la farsa de Ávila Vázquez, Pierluisi refirió las preguntas a la secretaria del DCR.

A preguntas de El Nuevo Día sobre el trámite que el gobierno da al caso, el primer ejecutivo declaró que la investigación que se está ordenando “es más bien una pesquisa administrativa, a nivel de la propia secretaria”.

Cuando se le preguntó si todos los reos liberados bajo ese beneficio deberían ser objeto de investigación, Pierluisi respondió: “Eso debe estar en manos de la secretaria”.

“Yo reconozco que esto es un área de peritaje particular. Ciertamente, aquí hubo un fallo. De eso, no hay duda, y lo que hay que ver es por qué, para que no se repita”, afirmó.

El lunes, contra Ávila Vázquez un juez halló causa para arresto por asesinato en primer grado, en la modalidad de feminicidio íntimo, destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, al amparo del Código Penal, la Ley de Armas y la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular de Puerto Rico. Se le impuso una fianza de $4 millones y fue ingresado en prisión al no prestarla.