El gobernador Pedro Pierluisi insistió que la anulación del Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) por parte del Tribunal Supremo –que aún deberá atender la reconsideración que solicite el ejecutivo– no impactará los permisos otorgados desde su aprobación en 2020, sino que tendría un efecto prospectivo.

De validarse la decisión del Supremo, la Junta de Planificación tendría la facultad de recurrir a RCP previos al de 2020 o, incluso, aprobar un reglamento “de emergencia”, dijo Pierluisi, cuya administración ha optado por mantener en vigor el documento hasta que exista una sentencia “final y firme”.

“No hay paralización alguna. En su momento sabremos la decisión del Tribunal Supremo. Hay que recordar que hay otro reglamento que es bastante reciente, el del 2019, que, aunque también está bajo revisión judicial, pudiéramos utilizarlo de ser necesario mientras no haya sido revocado de forma final y firme”, dijo el primer ejecutivo a periodistas luego de una rueda de prensa sobre el tema energético.

“Estas decisiones son prospectivas. Todo el que esté solicitando permisos lo puede seguir haciendo. No hay nada en riesgo y la garantía que da el gobierno es que siempre vamos a tener un reglamento en vigor, sea el que sea. Ahora mismo es el de 2020, si tuviera que ser el de 2019 en su momento, será el de 2019. Si no, la Junta de Planificación tiene la potestad de emitir un reglamento utilizando el proceso de emergencia que tiene a su disposición”, abundó Pierluisi.

El limbo en que se encuentra el RCP de 2020 –que entró en vigor en enero de 2021– es producto de la anulación que el Tribunal Supremo reafirmó el pasado miércoles, basado en elementos del proceso que se siguió para su aprobación. Según datos provistos por el gobierno durante el caso, más de 200,000 permisos han sido aprobados bajo el RCP 2020.

Los dos RCP aprobados previamente por la Junta de Planificación, en 2015 y 2019, también fueron anulados por el máximo foro judicial debido a defectos procesales. Ante ese escenario, expertos figuras como el expresidente de la Junta de Planificación Luis García Pelatti y Fernando Lloveras, presidente de Para la Naturaleza –una de las entidades que impugnó el RCP 2020–, han recomendado que se adopte el RCP de 2010.

Contrario a Pierluisi, ayer la comisionada residente Jenniffer González expresó su preocupación por el futuro de los proyectos de reconstrucción del país financiados con fondos federales y, aunque coincidió con la decisión de pedir una reconsideración de la sentencia al Tribunal Supremo, sugirió a la Junta de Planificación adoptar un reglamento de emergencia.

Pierluisi, en su encuentro con periodistas, recalcó que la plataforma digital de permisos está operando “sin interrupción alguna”, si bien el miércoles llegó a ser sacada de servicio luego de conocerse la determinación del Supremo, bajo la premisa de que se encontraba en “mantenimiento”. El miércoles, además, se produjo la renuncia de la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, María Reina Cintrón Flores.

“El que me hable aquí de paralización lo que está diciendo es un disparate porque yo, como gobernador, jamás voy a permitir una paralización del desarrollo socioeconómico”, insistió Pierluisi.

El gobernador recordó que, desde finales del año pasado, la Junta de Planificación sometió al escrutinio público el borrador de un nuevo RCP, para el que se sometieron “alrededor de 1,700 comentarios”. El borrador ha recibido críticas y señalamientos de expertos en materia de planificación y ambiental, incluyendo a los miembros permanentes del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático, que apuntaron a al menos 11 secciones que reflejan incompatibilidad con la Ley 33-2019 de Adaptación al Cambio Climático y presentaron 15 recomendaciones dirigidas a promover la conservación del ambiente en los trámites de permisos.

“Para eso es que se da el proceso de vistas públicas. La política pública reglamentaria en Puerto Rico la establece la rama ejecutiva. El deber de la rama ejecutiva es auscultar el sentir de las partes interesadas, pero quien tiene la última palabra en cuanto a la política pública reglamentaria, el contenido de un reglamento conjunto, es la rama ejecutiva. Todas las organizaciones pueden comentar, pero eso no significa que esos comentarios son vinculantes. La rama ejecutiva, el deber que tiene es de tomarlos en consideración y tomar su decisión informada”, acentuó Pierluisi.