El rector del RUM, Agustín Rullán, señaló que hay maneras de ampliar la participación en la toma de decisiones de sectores de la comunidad universitaria, como profesores o estudiantes, sin las enmiendas propuestas a la Ley de la UPR. (Archivo)

El proyecto de ley que crearía una nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tal y cual fue redactado, pone en riesgo la acreditación de los 11 recintos de la universidad del Estado y, por consiguiente, amenaza la elegibilidad de sus estudiantes para ayudas económicas del gobierno federal, de acuerdo con un grupo de rectores del sistema universitario.

El proyecto del Senado 172 fue sometido a inicios de febrero por un grupo de senadores, encabezado por el senador independiente José Vargas Vidot, y propone una nueva estructura de administración y gobernanza para la UPR. La medida derogaría la ley universitaria de 1966.

El mayor cambio que dispone la medida es eliminar el actual cuerpo rector de la UPR, la Junta de Gobierno, y sustituirlo por un Consejo Universitario, compuesto por 13 miembros, de los cuales seis serían representantes estudiantiles y del claustro. Este Consejo Universitario tendría menos poderes, pues varias de las actuales facultades de la Junta de Gobierno se transferirían a otros organismos existentes, como la Junta Universitaria o los senados académicos de los 11 recintos.

“No nos oponemos para nada que esto se discuta. No nos oponemos para nada que busquemos reformar la universidad para ajustarnos a los tiempos, para aprender de las experiencias, para dirigirnos a una visión que mejore la universidad y a Puerto Rico”, señaló el rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán.

No obstante, Rullán argumentó que transferir poderes a otros cuerpos, particularmente la Junta Universitaria -compuesta por 34 miembros- provocaría que la UPR sea regida “por comités” que tendrían que llevar cada decisión a debate y votaciones.

“Tenemos una seria preocupación que esto va a paralizar la universidad. Una universidad que ya de por si es sumamente burocrática, le vamos a añadir aquí una capa seria de burocracia”, expresó.

Actualmente, la Junta Universitaria es un cuerpo asesor del presidente. La propuesta legislativa propone que tenga la facultad, entre otras cosas, de aprobar el presupuesto de la UPR, evaluar nombramientos de funcionarios de Administración Central y aprobar el Reglamento General.

La llamada reforma universitaria fue el producto de meses de trabajo del Comité Multisectorial de la Reforma Universitaria, creado en 2017 y compuesto por representantes del sector estudiantil, profesores, miembros de comunidades aledañas a recintos y de la administración de la universidad del Estado.

El Comité trabajó en un proyecto de ley similar que se presentó el año pasado, pero que no fue aprobado en la Legislatura.

La vicepresidenta Asociada de Acreditación y Avalúo de la UPR, Jennifer Alicea Castillo, destacó que la Middle States Commission on Higher Education detalla en sus normativas las facultades que deben tener los cuerpos rectores y los presidentes de las instituciones de educación superior. Incumplir con estas disposiciones provocaría la revocación de la acreditación de los 11 recintos, lo que dificultaría el acceso de los estudiantes a ayudas federales y podría provocar el cierre de la institución.

La acreditación de los recintos estuvo en probatoria entre 2017 y 2019.

Asimismo, los cambios tampoco cumplen con las normativas de la Oficina el Contralor sobre las responsabilidades de miembros de juntas directivas de corporaciones públicas, que aplican a la UPR, señaló el rector del recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao.

“Toda enmienda, todo proyecto de ley que tenga que ver con nuestra universidad, que toque gobernanza, tiene que cumplir cabalmente con los estándares de acreditación de Middle States”, sostuvo Alicea Castillo.

El rector del recinto de Utuado, Luis Tapia Maldonado, señaló que no están en contra de toda la pieza legislativa, pues coinciden con disposiciones como definir la UPR “como un bien público de carácter esencial” y que se reestablezca la asignación presupuestaria mediante una fórmula fija basada en los ingresos del Fondo General.

Aun así, los rectores destacaron que están disponibles para acudir a la Asamblea Legislativa para proponer cambios.

“Se debe enmendar (el proyecto 172), porque si no, pensamos que se podría convertir nuestra universidad en una ingobernable, donde no podamos movernos, donde no podamos actuar rápidamente”, expresó Rullán.

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