La contralora Yesmín Valdivieso reveló este miércoles que el Municipio de Cataño pagó $149,214 en exceso a una compañía contratada para administrar el sistema de emitir y cobrar multas.

En comunicado de prensa, informó que esa cantidad responde a cinco contratos con 72 enmiendas, entre 2017 y 2023, que estipulaban un beneficio de hasta el 45%, en vez de una compensación no mayor al 10% de los ingresos generados.

Ese hallazgo fue uno de cinco contenidos en un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que resultó en una “opinión cualificada” de parte de la agencia para el Municipio de Cataño.

“Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados”, explicó el comunicado.

Según el informe, otro de los hallazgo apunta a que el Municipio de Cataño pagó $46,500 entre el 2019 y 2022 a un contratista por trabajos de mantenimiento en dos complejos deportivos que realmente fueron llevados a cabo por las brigada municipales del Departamento de Recreación y Deportes y no por el contratista.

“Esta situación se atribuye a que los exdirectores de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio”, apuntó el comunicado.

En el informe destaca “que este contratista y uno de los exdirectores de Obras Públicas fueron acusados y se declararon culpables por participar en un esquema de conspiración”.

En octubre de 2022, el exdirector de Obras Públicas de Cataño Pedro Marrero Miranda fue sentenciado a 30 años de cárcel, luego de haber trabajado bajo la administración del exalcalde de ese municipio Félix “el Cano” Delgado, quien también se declaró culpable por corrupción.

Mientras, otro hallazgo en el informe de la Contraloría indica que “contrario al Código Municipal de 2020, los entonces directores de Finanzas condonaron deudas por $504,210 a diez contribuyentes, a pesar de que la deuda de seis contribuyentes no excedía los cinco años. Además, tres condonaciones no tenían la aprobación de la Legislatura Municipal y dos no tenían acuerdos escritos”.

Por otro lado, el informe señaló otro hallazgo con relación a un contrato que el Municipio le otorgó a una corporación de servicios de transportación y disposición de desperdicios sólidos no peligrosos, por $27,480,740.

“Sin embargo, en dicho contrato no se estableció la base que utilizaron para determinar las 12,000 unidades (casas) de recogido por las que pagaría al contratista. No se encontró evidencia de que se hubiera realizado un conteo de las unidades de recogido”, expuso el informe.

Detalló que “el contrato formalizado por la entonces vicealcaldesa, en mayo de 2017, autorizó dicha cantidad de unidades de recogido a pesar de que el Censo de 2020 identificaba 9,505 viviendas ocupadas en Cataño”.

“Además, las cifras de LUMA Energy indican que, del 2017 al 2021, las cifras de viviendas y comerciales fueron de 5,681 a 7,451 unidades. De hecho, el incorporador y agente residente de esta corporación (de recogido de basura) se declaró culpable por efectuar pagos ilegales semanales al exalcalde, según comentamos en el Informe de Auditoría”, añadió.

El informe refería al empresario Oscar Santamaría, quien en el 2024 fue sentenciado a dos años y medio de cárcel, después de declararse culpable. Según la Contraloría, aceptó haber efectuado “pagos ilegales en efectivo de $2,000 semanales al exalcalde, a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías”.

Asimismo, los auditores de la OCPR hallaron que los entonces directores de Vivienda Municipal no mantuvieron un control adecuado del recibo, la custodia y el despacho de materiales de construcción.

El informe indica que el 6 de mayo de 2022 visitaron una residencia para la cual se habían comprado materiales de reconstrucción por $22,113, pero encontraron que “no estaba reconstruida ni aparecieron los materiales”.

Otras visitas realizadas en el 2022 a cinco residencias, para las cuales se había comprado material por $16,240, se observó que no se habían reparado los techos, y los familiares tampoco habían recibido los materiales.

En otros asuntos, el informe también comenta que el Municipio de Cataño tuvo que pagar $234,560 en casos de alegada “persecución política” y “despidos injustificados” sin recibir ningún beneficio.

Estos tres casos se remontan a los años 2010, 2014 y 2017, y se resolvieron ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

De otra parte, al 19 de mayo de 2025, no se habían recobrado $13,620,612 por distintos conceptos, según recomendado por la OCPR en informes previos.

“Además, el Municipio tiene 22 demandas civiles por $5,834,023 pendientes de resolución por los tribunales al 31 de diciembre de 2022”, apuntó la OCPR.

El informe destaca que el presupuesto del Fondo General del Municipio ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $36.7 millones en el 2023.

También observó que los estados financieros auditados reflejaron superávits de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021, $15 millones en el 2022 y $16.8 millones en el 2023.

“La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure de que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR”, acotó.