El sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) pidió a la gobernadora Jenniffer González, que destituya a los jefes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) por supuestamente incurrir en prácticas antiobreras.

“La gobernadora le prometió a los trabajadores y a los servidores públicos que iba a nombrar jefes de agencia que respetaran sus derechos, que se sentaran con los sindicatos y que respetaran al sindicato”, sostuvo Jessica Martínez, presidenta de SPU.

En un anuncio, publicado este martes en este diario, el sindicato pidió destituir, en el DRNA, al secretario Waldemar Quiles, al subsecretario Nelson Cruz, al subcomisionado Edwin Rodríguez, a la directora de Recursos Humanos Binda Santiago y a la directora legal Brendaliz González. En la ARV, solicitaron sacar a todos los directores regionales, ayudantes especiales y a la administradora Rosa Lugo.

La unión ha comunicado las incomodidades a La Fortaleza, a través del licenciado Carlos Rivera Justiniano, pero al no ver acción, comenzaron la campaña “Limpia tu casa” con las mencionadas agencias, dijo Martínez.

Cruz, también comisionado del Cuerpo de Vigilantes, es el principal señalado por supuestamente llevar una “campaña” para “indisponer y desinformar” a la matrícula respecto al sindicato. Igualmente, le han atribuido machismo a comentarios sobre las líderes obreras.

Martínez también apuntó a la directora de Recursos Humanos del DRNA por alegadamente “trabajar a base de caprichos y de decisiones arbitrarias”. Por ejemplo, aseguró que limita las horas extras de los encargados de las casas de bombas, dejando maquinaria sin supervisión, lo que podría suponer un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

Abordado sobre los señalamientos, el secretario del DRNA rechazó las alegaciones relacionadas con deficiencias en la labor de los funcionarios señalados y aseguró que han hecho un trabajo “encomiable”.

“Ellos están haciendo lo que les corresponde. Ciertamente, hay cosas que, a las uniones, no les gustan. Pero yo, desde el primer día, en la primera (reunión) que tuve con Jessica, le dije que lo que pueda dar, se lo voy a dar; lo que no se le pueda dar, no se lo puedo dar, y se los voy a decir de frente”, aseveró Quiles, al asegurar que los vigilantes están en su mejor momento “en décadas” y que siempre ha estado disponible para reunirse con las uniones.

Respecto al aumento que, desde el 2024, esperan los oficiales, el titular del DRNA aseguró que ya la agencia hizo las gestiones pertinentes y se identificó el dinero para la remuneración retroactiva. Ahora, el trámite está en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, señaló.

La presidenta de SPU señaló, además, que supuestamente se han dado movimientos arbitrarios de personal. Martínez particularizó en el traslado no solicitado de la coordinadora de SPU en Ponce.

“Le hicieron un traslado oneroso, simplemente por capricho, a otra área, para dejar desprovistos a los compañeros de la región de Ponce de representación sindical, porque en el área donde la movieron ya nosotros tenemos un coordinador”, expuso.

No obstante, Quiles indicó que todos los traslados de personal se hacen a base de necesidad.

Respecto a la ARV, Martínez aseguró que los directores regionales no reconocen los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, indicó, que han tenido instancias en las que dejan a los empleados trabajando sin agua y sin luz, sin activar el plan de salud y sin seguridad. Igualmente, señaló que se ha limitado a su matrícula de tener representación sindical durante las reuniones con el personal.

“Si hay una conversación que conlleve o que pueda conllevar alguna medida disciplinaria, el compañero tiene el derecho de estar representado por la unión [...] Aquí hay unos asuntos que están negociados, en donde la unión interviene y toda conversación que tenga (el) patrono con algún trabajador que sea de nuestras unidades apropiadas, debe ir representado con alguien de la unión”, subrayó.

Ante los planteamientos, la agencia envío unas declaraciones escritas a El Nuevo Día en las que dice que “reconoce plenamente los derechos negociados, atiende querellas y agravios mediante los procesos formales establecidos y se reúne de manera continua con los representantes sindicales”. En tanto, acentuó que cualquier “insinuación” de que la ARV actúa “de forma arbitraria o promueve un ambiente hostil carece de fundamento”.

Igualmente, aseveró que la ARV “no ha instruido ni instruiría a su personal a trabajar en condiciones inseguras o contrarias a la normativa de salud ocupacional” y que cuenta con protocolos para manejar las interrupciones de servicios esenciales.

Por otra parte, el Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (ProSol Utier) denunció el “desinterés” de la gobernadora en exigirle a la Junta de Supervisión Fiscal poner en vigor los convenios colectivos de la Oficina del Procurador del Veterano y de la Autoridad de Carreteras y Transportación, negociados y firmados en diciembre de 2023 y octubre de 2024, respectivamente.

“Estos dos convenios se negociaron considerando el plan fiscal y el presupuesto que cada agencia contemplaba. No hay razón para que, casi dos años después, siguen sin implementarse. Se nota el desinterés de la gobernadora en hacerle justicia laboral a estos empleados públicos que llevan más de 12 años sin aumento salarial”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, coordinador de ProSol Utier, quien aseguró que estos convenios impactan a sobre 300 empleados en ambas dependencias.