La gobernadora Jenniffer González sostuvo este martes que el asesinato, en Toa Alta, de una mujer que era testigo de la fiscalía al presenciar un doble asesinato semanas atrás pone de manifiesto que, ante una situación de esa naturaleza y cuando el gobierno ofrece protección, deben tomar “su vida en serio”.

“Esto lo que hace es evidenciar, una vez más, que no es la primera vez que ocurren casos con testigos, y que aquellas personas que vayan a ser testigos de la Policía de Puerto Rico tomen su vida en serio y que, cuando el gobierno de Puerto Rico les diga ‘vamos a procurar proteger su identidad o protegerlos a ustedes o su familia, en coordinación con las agencias federales’, vamos a hacerlo”, manifestó la primera ejecutiva cuando se le cuestionó si lo sucedido abre la ventana para revisar cómo se protegen los testigos.

La gobernadora aseguró que, previo al asesinato de Franchesca Nieves López, ocurrido la tarde del lunes en el servicarro de un restaurante de comida rápida, el equipo de seguridad del gobierno se reunió para discutir cómo se trabaja con confidencias, la protección de testigos y el Albergue de Protección a Víctimas.

“Eso es un asunto programático. Nosotros vamos a invertir en proteger ese albergue y ponerlo en condiciones para atender a víctimas del delito”, afirmó.

En diciembre, el entonces gobernador Pedro Pierluisi anunció la culminación de la primera fase de la rehabilitación del Albergue de Protección a Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia. Se le inyectaron $13.5 millones, una combinación de $9.6 millones de fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) y $3.9 millones de fondos suplementarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), se informó en ese momento.

Nieves López, de 40 años, fue asesinada en el interior de un auto. La víctima era testigo de un crimen violento reportado el pasado 4 de mayo, que cobró la vida de Joel Santiago Santos, de 39 años, y Roberto Ortiz Matos, de 42.

Santiago Santos era el padre de sus dos hijos, que estaban en otro restaurante de comida rápida cuando ocurrió el asesinato, de acuerdo con la versión policial. En dos ocasiones, la víctima rechazó ser albergada, dijeron este martes las autoridades.

La gobernadora destacó que a los testigos no se les puede obligar a recibir protección policial o que se queden en el albergue de víctimas.

“Mucha de la preocupación de esa persona (los testigos) es su entorno familiar, cómo me sacas del entorno familiar”, comentó la mandataria.

Anticipó que, una vez termine la sesión legislativa, el 30 de junio, tendrá una reunión con autoridades federales y estatales para hablar de la lucha contra el crimen. Pero, al momento, aguarda por la aprobación de un proyecto de administración para sacar la Policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.