La moratoria federal a los desahucios por falta de pago en viviendas de alquiler fue extendida hasta el próximo 31 de marzo.
La OAT, desde marzo del 2020 hasta el presente, ha recibido 2,780 casos de desahucios. (David Villafane/STAFF GFR)

Ante el riesgo de que se pierdan fondos federales y en respuesta a un pedido de la Administración de Vivienda Pública (AVP), la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) identificó 1,126 casos de desahucio en el Sistema Unificado de Manejo y Atención de Casos (SUMAC).

Los mismos fueron presentados entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de septiembre de 2021, lo que significa que pudiesen cualificar para el Programa de Asistencia para la Renta que provee ayuda para el pago de atrasos en renta de vivienda alquilada, luz y agua.

“Según dispone la orden administrativa emitida por la jueza presidenta (Maite D. Oronoz) que establece el aludido programa, las secretarías en todas las regiones judiciales comenzaron el proceso de orientar a las partes en estos casos sobre la disponibilidad del Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Puerto Rico, administrado por el Departamento de la Vivienda, y la posibilidad de que sean elegibles para asistencia”, informó la OAT por escrito.

“Además de este esfuerzo, dentro de los 1,126 casos de desahucios pendiente, el tribunal identificará aquellos que cumplen con los criterios del Programa de Prevención de Desalojos, a saber: que se trate de un arrendamiento residencial; la residencia constituya la única residencia de la persona o el núcleo familiar; el incumplimiento de pago se haya producido a partir del 13 de marzo de 2020. El tribunal citará a la brevedad posible a las partes en esos casos”, añadió la oficina.

La OAT, desde marzo del 2020 hasta el presente, ha recibido 2,780 casos de desahucios. Aclararon que de esa cantidad los que no se han resuelto son 1,126 casos. Esta rama de gobierno destaca, además, que las regiones judiciales de San Juan y Bayamón son las que reflejan mayor volumen.

La iniciativa de la rama judicial surgió luego de que el administrador de la AVP, Alejandro Salgado, advirtiera que Puerto Rico está en riesgo de perder más del 75% de los $325 millones que destinó el gobierno federal para el programa porque puede haber un recogido de los fondos en aquellas jurisdicciones que no hayan desembolsado 65% o más de la ayuda. La isla solo ha logrado desembolsar $5.7 millones de los $325 millones asignados, dijo el funcionario. El gobierno, al anunciar el programa en julio pasado, estimó que 55,000 personas podrían beneficiarse del mismo.

Ahora, la OAT debe confirmar si alguna de las partes presentó una solicitud para la asistencia de renta y, de ser así, indagar si esta fue aprobada, denegada o se encuentra pendiente. También debe orientar a las partes en un pleito sobre el Programa de Prevención de Desalojos y sus beneficios, preguntar a las partes si están interesadas en participar y referir a las partes con interés a las organizaciones sin fines de lucro que proveen asistencia legal gratuita para estos casos, cuando alguna de las partes no cuente con los recursos para sufragar los gastos de representación legal.

“Cuando se trate de un caso nuevo, el tribunal evaluará los criterios antes mencionados y determinará si se refiere a las partes a beneficiarse del programa durante la vista inicial que establece la orden administrativa”, dice la orden del tribunal.

El programa comenzó a aceptar solicitudes el 19 de julio de 2021 a las 8:00 a.m. y recibirá solicitudes hasta el 30 de septiembre. Los desembolsos deben hacerse hasta el 31 de diciembre de este año. Todo dinero que no se use debe ser devuelto al gobierno federal.

Las guías del programa son sumamente flexibles. Requieren cumplir con dos requisitos medulares que son tener ingresos igual o por debajo del 80% del ingreso medio del área en la que se reside, y que se haya tenido pérdida o merma de ingresos o gastos sustantivos a causa del COVID-19. La solicitud se puede hacer en la página www.ayudaparaturenta.com. o llamando al 787-759-1888.

La abogada comunitaria de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, Karla M. Rivera Avilés, indicó que monitorean la cantidad de casos presentados en los tribunales para desahucio y la cifra ha aumentado significativamente.

Rivera Avilés precisó que correspondiente al año fiscal 2016-2017 hubo 2,765 demandas por desahucio. Para esos años, recalcó la abogada, la isla atravesaba por los destrozos que dejaron los huracanes Irma y María. Según datos del propio tribunal desde marzo 2020 hasta el presente se han presentado 2,780 casos de desahucio , añadió.

Agregó que “celebran” que la AVP busque aumentar la educación y publicidad del programa “para evitar una pérdida de los fondos, pero nos parecen importantes dos cosas: llegar donde está la gente porque en nuestra experiencia muchas de las personas con problemas de desahucio son personas que no tienen una computadora. Recomendamos que se muevan donde está la gente. También en la medida de lo posible que busquen extender esa fecha del 30 de septiembre. Puerto Rico no se puede dar el lujo de perder esos fondos porque la necesidad está”.

Salgado dijo que el gobierno federal ausculta la posibilidad de extender la fecha del 30 de diciembre para que la gente pueda solicitar la ayuda, pero esa decisión aún no se ha tomado.

Solo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene 102,000 clientes con morosidad en sus pagos y deudas que totalizan los $185 millones. La misma información le fue solicitada a la Autoridad de Energía Eléctrica y a LUMA Engery sin que la proveyeran.

Programa similar

El Departamento de la Familia tiene un programa similar que también recibirá solicitudes hasta el próximo 30 de septiembre. Sin embargo, a diferencia del Programa de Asistencia para la Renta de la AVP, es uno recurrente. Se trata del Programa de Ayuda para Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés).

“Este programa de ayuda de energía es un uno recurrente. Está disponible todos los años. No es que esté disponible por el COVID-19 sino que todos los años está disponible para los ciudadanos y se pone como fecha límite el 30 de septiembre cuando concluye el año fiscal federal”, explicó el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Alberto Fradera Vázquez.

Este programa, según el funcionario, tiene dos ayudas: el subsidio de energía y el de crisis de energía. Este último ya ha recibido 14,238 solicitudes y se ha logrado el desembolso de $2,427,750 de sobre $16 millones que destinó el gobierno federal.

Pero Fradera Vázquez explicó que no habrá sobrante porque lo que no se use para la ayuda denominada crisis de energía, se destina para el subsidio de energía.

La ayuda “crisis de energía” está dirigida a cualquier ciudadano que viva bajo el 150% del nivel de pobreza y paga los atrasos que tiene por su servicio de luz. “Damos hasta $700 para pagar energía”, apuntó el administrador.

Mientras que el subsidio de energía es una ayuda para participantes del Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que viven bajo el 150% de del nivel pobreza. Los participantes elegibles deben tener una cuenta activa con la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora LUMA Energy. Fradera Vázquez dijo que hay un acuerdo con la privatizadora para identificar familias elegibles.

“Ese desembolso lo hacemos al cierre del año fiscal que hacemos la conciliación con LUMA. No devolvemos dinero. Al cierre del año (fiscal federal) no hay sobrante del beneficio. Todo lo que no se usó se emite en beneficio para el ciudadano”, explicó.

El portal www.pr.gov.ayudadeenergia recibe las solicitudes y estará activo hasta el 30 de septiembre, dijo Fradera Vázquez.

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