A horas de que cerraran los trabajos de lo que fue la segunda sesión ordinaria del cuatrienio, la Asamblea Legislativa dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 193, que ordena a LUMA Energy detener el cobro de $300 por “estudios suplementarios” a los participantes del programa de medición neta.

Asimismo, ambos cuerpos aprobaron el Proyecto de la Cámara (PC) 602, que concede un descuento de un 40% en el pago de multas expedidas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso y por faltas administrativas relacionadas con la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” (Ley 22-2000). La amnistía tendría una vigencia de 120 días, contados a partir de la emisión del reglamento que regirá la aplicación del estatuto.

El futuro de la legislación, una vez llegue al escritorio de la gobernadora Jenniffer González, es incierto, ya que previamente la mandataria planteó que la medida resultaba innecesaria, ya que la Ley 52-2025, firmada en julio, ofrece alternativas de pago a los conductores.

Otra medida que podría estar, en cualquier momento, ante la consideración de la primera ejecutiva es el PC 808, que prohibiría el uso de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, hasta octavo grado en las escuelas públicas. La medida, según ha expresado su autor, el representante Jorge “Georgie” Navarro, debería correr mejor suerte que una propuesta previa -vetada por la gobernadora- que limitaba el uso de estos dispositivos en todos los niveles escolares.

También recibió el favor de ambas cámaras el Proyecto del Senado (PS) 188, que exime del pago de contribuciones a los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación y al personal de rango del Cuerpo de Bomberos por los ingresos devengados correspondientes a horas extras. La misma suerte corrió el PS 63, que restringe el derecho a la información pública.

Sobre el tintero, quedó el PC 915, también de administración, que pretende cambiar la estructura operacional del Departamento de Educación y crear las posiciones de subsecretario y principal oficial financiero, y el PS 777, una medida presentada a solicitud de la Federación de Alcaldes que, entre otras cosas, permitiría a los ejecutivos municipales reclamar ante sus respectivas legislaturas un alza salarial.

En el mismo estatus permanecieron siete medidas contributivas presentadas por la administración de González, así como el PS 15, que establecería una tasa fija preferencial de un 12% sobre los ingresos elegibles de los médicos cualificados con decreto contributivo.

Aunque recibió el aval del Senado, en la Cámara quedó pendiente de consideración una versión reducida y enmendada del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático enfocada en garantizar la viabilidad de los aeropuertos y atender la erosión costera y el calor extremo.

“En su mayoría, las agencias aprobaron este informe y entienden que es vital para poder seguir con el desarrollo de Puerto Rico”, señaló la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez Santoni, quien lideró los trabajos de la comisión conjunta encargada de evaluar el documento.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, lamentó que el documento fuera llevado ante la consideración del pleno cuando ya la Cámara había cerrado los trabajos.

“Es, desafortunadamente, un esfuerzo trunco que no podrá concretizarse en lo que debía ser la meta de este informe, que es que el plan se sometiera a la consideración de la gobernadora”, expuso Santiago, al reconocer el trabajo de los expertos que elaboraron el plan que, en su versión original, contenía 156 cursos de acción y 808 estrategias que le tocaría al gobierno implantar.

Respecto al informe enmendado, Santiago dijo que hubiese preferido que el trabajo de la comisión conjunta incluyera reuniones donde se pudiera analizar y catalogar los cursos de acción, y cuestionó que se incluyera en el documento -como parte de las “metas” de la Asamblea Legislativa- algunas medidas cuyo propósito, dijo, se aleja “enormemente” de lo propuesto en el plan.

Entre estas, la portavoz del PIP mencionó el proyecto que estableció una moratoria en la utilización de plásticos de un solo uso. “No sé qué podemos esperar para el año que viene. Me parece que la desidia de la Cámara es una muestra de la falta de conciencia de lo que nos impone, ya no el cambio climático, la crisis climática”, expuso.

Ambos cuerpos sí favorecieron el PS 78, que allegaría una asignación anual mínima de $500,000 para sostener la operación del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc).