La Cámara de Representantes aprobó este lunes de manera unánime –con 49 votos– el proyecto de ley que eliminaría prospectivamente el privilegio de escoltas a los exgobernadores, y de manera inmediata a aquellos que disfruten el beneficio y hayan resultado convictos de algún delito.

“Hoy (lunes), esta Asamblea da un paso firme hacia la erradicación de las prácticas que, aunque normalizadas, resultan contrarias a los intereses colectivos y al buen gobierno”, afirmó el representante novoprogresista Félix Pacheco, al presentar la legislación ante el pleno cameral.

La propuesta, al recibir enmiendas en Cámara, regresa ante la consideración del Senado.

Además de retirar las escoltas a los exmandatarios, el Proyecto del Senado (PS) 752 eliminaría el beneficio a los candidatos a la gobernación y a comisionado residente, aunque –al igual que con los exgobernantes– dispone excepciones cuando medie un peligro a la vida o seguridad. Igualmente, establece que el gobierno estaría impedido de contratar servicios de seguridad privados.

En aquellas instancias en las que el jefe de la Uniformada determine proveer seguridad a cualquier tipo de funcionario o exfuncionario, dicho servicio no solo estará sujeto a criterios de necesidad “real y verificable”, sino también a la “disponibilidad de recursos y suficiencia presupuestaria”.

La medida elimina el derecho a cualquier convicto por delito grave o menos grave, al establecer que “no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas de ninguna agencia o instrumentalidad”.

Durante la discusión legislativa, la mayoría acogió una enmienda del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, para que el retiro de la escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sea de vigencia inmediata –sin ningún período de transición–, una vez convertido en ley el proyecto.

Vázquez Garced –quien se declaró culpable, en agosto, en el ámbito federal, por un delito electoral– cuenta con cinco oficiales asignados, incluyendo un supervisor, y dos vehículos. “Más allá de decir que se puede limitar un derecho..., me parece que lo que hay que dejar meridianamente claro es que una persona que ha sido convicta por un delito no puede tener ningún privilegio”, expresó Márquez.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, cuestionó que hayan transcurridos 65 días desde que Vázquez Garced se declaró culpable ante las autoridades federales sin que “el gobierno de Jenniffer González Colón se haya atrevido a quitarle las escoltas”.

Los otros tres exmandatarios que gozan de este beneficio, adicional a Vázquez Garced, son: Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Alejandro García Padilla, del PPD.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, no utiliza escoltas, y los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos del PPD, rechazaron voluntariamente el beneficio.

El Tribunal Supremo determinó –en un caso presentado, en 2009, por los exmandatarios Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló– que las escoltas asignadas a los exgobernadores “constituyen un derecho propietario adquirido y protegido constitucionalmente”.

El máximo foro judicial reconoció, sin embargo, que la decisión no limitaba el poder de la Legislatura para “regular” dicha adquisición, o eliminar el derecho de seguridad y protección de “manera prospectiva” a futuros gobernadores.

“Esta medida envía un mensaje claro y contundente de que la seguridad no puede ser un privilegio personal, sino un servicio público al que todo ciudadano debe tener acceso en igualdad de condiciones”, dijo el representante novoprogresista Luis “Junior” Pérez.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien también emitió un voto a favor de la medida, lamentó que no se acogiera una enmienda para eliminar el derecho a escolta a los titulares de instrumentalidades públicas, con excepción de los jefes del Departamento de Justicia, la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Al respecto, la legislación dispone que el servicio de seguridad a funcionarios y exfuncionarios quedará a discreción del superintendente de la Uniformada. “Creo que nosotros teníamos que ser más contundentes con esa legislación y prohibir las escoltas en Puerto Rico a todos los funcionarios”, expuso Rodríguez Aguiló.

Posterior a esas expresiones, el representante Domingo Torres, del PPD, presentó una enmienda para incluir lenguaje que prohibiera explícitamente el servicio a jefes de agencia. Pero fue derrotada.

Por su parte, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, favoreció que la concesión de escoltas sea “temporal”, pero afirmó que le preocupa que dicho concepto, al no estar definido expresamente en la propuesta legislativa, pueda traducirse en un beneficio “permanente”.

“Después de dar servicio, cada cual que desee tener escolta la debe costear con su propio peculio. Las escoltas no deben verse como un privilegio para aparentar ser personas importantes o de farándula”, aseveró Burgos Muñiz. “Si un funcionario le falla al país, no merece ningún privilegio ni escolta, sino todo el peso de la ley”, subrayó.