Con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) –según el liderato del mayoritario Partido Nuevo Progresista–, la Cámara de Representantes aprobó este jueves el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal 2025-2026, ascendente a $13,095 millones.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier, explicó que el plan de gastos fue ajustado –en coordinación con la JSF– para elevar, de $373.7 millones a $385 millones aproximadamente, la partida asignada a los municipios.

Los fondos adicionales acordados con el ente son para uso de unos municipios en específico y tienen que ser invertidos en las áreas de salud, seguridad, desarrollo económico e infraestructura crítica, dijo Charbonier. Entre esos pueblos, están Camuy, Loíza, Morovis, Lares y Florida.

“La Junta levantó una preocupación de que los municipios grandes, como San Juan y Guaynabo, no tenían necesariamente una necesidad económica, por lo que (los fondos adicionales) se limitaron a municipios que tuvieran problemas presupuestarios”, abundó.

Al preguntársele de dónde se obtuvieron los fondos para ampliar la asignación municipal, Charbonier indicó son producto de recortes de “iniciativas de la administración”.

La propuesta presupuestaria, contenida en la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 136, fue aprobada con 34 votos a favor y 17 en contra.

“Es un presupuesto que ha sido acordado con el Ejecutivo, la Junta de Supervisión Fiscal y el Senado... se ha establecido, claramente, los parámetros para el cumplimiento, tanto con el plan médico del gobierno como con el Departamento de Educación para cubrir las insuficiencias que pudo haber en un momento dado”, expuso, por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Los fondos municipales incluyen, entre otros, $35 millones para la Reforma de Servicios Municipales, $15 millones para el programa de Amas de Llave, $30 millones para servicios esenciales, $9 millones para el pago del tercer turno de los paramédicos y $10.5 millones para cubrir el “cost share” o costo compartido de los proyectos de reconstrucción del huracán Fiona (2022).

El desembolso de la partida de $10.5 millones está sujeto a la aprobación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés).

Asimismo, se les asignó a los ayuntamientos una partida de $97 millones para gastos de transportación escolar, $67.9 millones para el Fondo de Desarrollo Municipales y otros $67.9 millones para el Fondo de Redención Municipal.

Al presentar la medida, Charbonier consignó que lograron atender –con reservas y fondos estatales– el descuadre de $109 millones en el presupuesto de la Administración de Seguros de Salud y el déficit de casi $200 millones en Educación debido a la pérdida de fondos federales.

Explicó que el presupuesto de Educación con cargo al Fondo General asciende a $3,044 millones; mientras, la asignación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) totaliza $561 millones.

De los $561 millones asignados a la UPR, $502.2 millones son para gastos operacionales, $9.5 millones para el programa de becas y ayudas educativas, $20.9 millones para costear el salario de los médicos residentes y $2.5 millones para el Centro de Traumas y el Departamento de Cirugía. Unos $25 millones restantes caen bajo el renglón de otros programas.

El presupuesto incluiría, también, fondos para diversas iniciativas, como la remodelación de las salas de operaciones y habitaciones del Hospital Universitario Doctor Ramón Ruiz Arnau ($12.3. millones), la compra de equipo médico ($3 millones) y la adquisición de equipo especializado y máquina MRI para el Centro Comprensivo de Cáncer ($5.1 millones).

Al cierre de esta edición, el Senado no había actuado sobre la RCC 136.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, informó, de otra parte, que lograron una asignación adicional de $15 millones al presupuesto vigente para infraestructura y obras y mejoras permanentes en los municipios.

La Resolución Conjunta del Senado (RCS) 37, pendiente de aprobación final, aumentó en $766 millones el presupuesto vigente del gobierno para atender, además de las reclamaciones de los municipios, el pago de horas extra a los policías y las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Al cierre de esta edición, la RCS 37 se mantenía en comité de conferencia para dirimir discrepancias entre ambos cuerpos.

“En toda batalla, no se ganan todos los ‘rounds’, pero tengo que estar satisfecho, en el sentido de que se pudo lograr una asignación millonaria a la que estaba presupuestada dentro de las limitaciones que tenemos en el presupuesto de Puerto Rico”, dijo Hernández.