La Cámara de Representantes llevará a votación este lunes el proyecto de ley que eliminaría el privilegio de escoltas a los gobernadores una vez concluyan su término e independientemente de si son o no convictos de algún delito, confirmó el presidente de ese cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez.

Además de retirar las escoltas a los exmandatarios, el Proyecto del Senado (PS) 752 eliminaría el beneficio a los candidatos a la gobernación y a comisionado residente, aunque –al igual que con los exgobernantes– dispone excepciones cuando medie un peligro a la vida o seguridad. Igualmente, establece que el gobierno estaría impedido de contratar servicios de seguridad en el sector privado.

“Se eliminaría el derecho a escolta, que estaría sujeto a que tienen que demostrar al señor superintendente de la Policía si existe una amenaza real que justifique la asignación de una escolta”, explicó, por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Seguridad Pública, Félix Pacheco, sobre la legislación, de la autoría del senador Juan Oscar Morales.

En aquellas instancias en las que el jefe de la Uniformada determine proveer seguridad a funcionarios o exfuncionarios, dicho servicio no solo estará sujeto a criterios de necesidad “real y verificable”, sino también a la “disponibilidad de recursos y suficiencia presupuestaria”.

“El otorgamiento de escolta será temporal, revisable y podrá ser suspendido por el superintendente en cualquier momento si cesan las condiciones que lo justifican”, lee parte del lenguaje insertado a la medida.

Los cuatro exmandatarios que gozan de este beneficio, actualmente, son: Luis Fortuño, Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD).

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, no utiliza escoltas, y los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos del PPD, rechazaron voluntariamente el beneficio.

Vázquez Garced –quien se declaró culpable, en agosto, en el ámbito federal, por un delito electoral– cuenta con cinco oficiales asignados, incluyendo un supervisor, y dos vehículos. En el caso de los gobernadores y exmandatarios convictos por delito grave o menos grave, “no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas de ninguna agencia o instrumentalidad”, indica la medida bajo consideración legislativa.

“El proyecto es claro, es eliminación”, subrayó Méndez, al señalar que la pieza legislativa se mantendría igual como se recibió del Senado, con la excepción de que se dispone la derogación del Artículo 9.42 del Código Electoral (Ley 58-2020), que es el apartado que otorga el servicio a los candidatos en una elección general.

El Tribunal Supremo determinó –en un caso presentado, en 2009, por los exmandatarios Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló– “que las escoltas de seguridad otorgadas a los exgobernadores constituyen un derecho propietario adquirido y protegido constitucionalmente”.

El máximo foro judicial reconoció, sin embargo, que la decisión no limitaba el poder de la Legislatura para “regular” dicha adquisición, o eliminar el derecho de seguridad y protección de “manera prospectiva” a futuros gobernadores.

“La eliminación de este privilegio contribuirá a restablecer la confianza pública en la equidad del sistema y permitirá reorientar recursos hacia las verdaderas prioridades del país”, dispone el proyecto en su exposición de motivos.

Como parte del análisis de la Comisión de Gobierno de la Cámara, el exgobernador Fortuño sometió un memorial explicativo en el que defendió la “necesidad” de preservar el derecho a escoltas reconocido a los exgobernadores, aunque también “apoyó” que el beneficio se pierda “automáticamente” en casos de convicción.

Asimismo, indicó –en un memorial escrito– que reside en Estados Unidos, pero que, “en algunas ocasiones”, cuando visita la isla, solicita el servicio, específicamente si va participar de una actividad donde pueda surgir algún tipo de situación que represente algún riesgo a su seguridad, resumió el representante Pacheco.

En septiembre de 2009, mientras ofrecía una conferencia de prensa en Fajardo, un ciudadano le lanzó un huevo al entonces gobernador que, finalmente, golpeó contra un letrero que leía “Inversión $8.2 millones”. Meses antes del incidente, Fortuño había promulgado la Ley 7 de 2009, que provocó el despido de miles de empleados públicos.

“Entiendo que no debe haber ningún tipo de inconveniente (con la aprobación de la medida). El proyecto se le va a presentar a los compañeros y, ciertamente, aquí el ‘issue’ (asunto) mayor es el de la gobernadora Wanda Vázquez, que posee un servicio que no merece ella ni ningún funcionario que le falle al pueblo”, apuntó Pacheco.

En enero de 2022, Pierluisi vetó una medida que hubiera eliminado las escoltas a un primer ejecutivo que haya renunciado al puesto, como fue el caso de Ricardo Rosselló Nevares, y hubiera eliminado la discreción del jefe de la Policía para proveerlas.