Carlos "Johnny" Méndez, presidente de la Cámara. (Ramón "Tonito" Zayas)

A menos de un mes de que se consumaran los arrestos por corrupción de los exlegisladores penepés María Milagros Charbonier y Nelson Del Valle, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, firmó una orden administrativa en la que declaró que los expedientes de personal estarían fuera del alcance del escrutinio público.

No serán información pública los expedientes de personal o cualquier información relacionada”, reza la Orden Administrativa 2020-16, firmada por el presidente cameral el 15 de septiembre. El líder legislativo se amparó para redactar la orden en el texto de la Ley 141-2019, conocida como la "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

Tan reciente como el jueves, Méndez indicó que no podía revelar los salarios de los empleados de la Cámara de Representantes porque de hacerlo podría poner en riesgo su seguridad. Todo esto toma relevancia en momentos en que dos exrepresentantes enfrentan acusaciones a nivel federal por presuntamente orquestar esquemas de “kickbacks” en sus oficias y mientras El Nuevo Día ha revelado como ciertos empleados en las oficinas de los representantes Rafael “June” Rivera Ortega, Urayoán Hernández Alvarado y Maricarmen Mas han ganado salarios superiores a los de sus jefes en algún momento del cuatrienio. El Nuevo Día ha publicado estas historias con información oficial suplida por fuentes.

La Ley 141-2019 establece en su Artículo 4 que “no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole”. Al amparo de esta misma ley, la exsecretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, firmó una carta circular en abril de este año, dirigida a todos los secretarios, jefes de agencia y de corporaciones públicas, en la que añadió varias capas de burocracia a los trámites ordinarios de solicitud de información pública por parte de la prensa o de la ciudadanía en general.

Es en ese documento firmado por Longo Quiñones, y que la gobernadora Wanda Vázquez se comprometió a revisar, que se define como información confidencial: “información originada, conservada o recibida en cualquier dependencia de Gobierno que no puede ser divulgada ni es pública, porque la Constitución así lo requiere; una ley lo declara; está protegida por los privilegios evidenciarios; revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; se trata de la identidad de un testigo o víctima; o es información oficial”.

Demanda de Rafael “Tatito” Hernández

El 4 de mayo, y tras haber agotado el recurso de comunicaciones por escrito con Méndez, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, radicó un recurso de petición de Mandamus y Sentencia Declaratoria en el Tribunal de San Juan solicitando información relacionada al presupuesto de la Cámara -incluyendo salarios- y una explicación del presidente cameral de por qué no había cumplido con ciertos pagos a contratistas.

El 21 de agosto, el juez Alfonso Martínez Piovanetti, en esencia, declaró el caso cerrado al determinar que la Cámara había cumplido con la entrega, mediante informes mensuales, de la información solicitada del presupuesto. Además, el juez sostuvo que se llegó a un acuerdo entre las partes en el sentido que si la Cámara no podía presentar documentos que justificaran o explicaran los atrasos en los pagos a los contratistas, así lo dejaría saber.

Esa fue, precisamente, la postura de la Cámara: no existían documentos que atendieran la denuncia del legislador popular.

“La razón o el motivo por la cual tales documentos no existen se trata de una controversia que no es susceptible de adjudicación ni pronunciamiento judicial en el presente caso. Después de todo, no hay un remedio legal disponible mediante mandamus o sentencia declaratoria en un caso de acceso a la información pública para ordenar la producción de documentos cuya inexistencia -a todas luces- no está en controversia”, sostuvo el juez en su Sentencia.

A raíz de esta determinación judicial, Hernández utilizó en días recientes un recurso expedito creado por la Ley 141-2019 para nuevamente solicitar la información.

Eva Prados insiste en el tribunal

El 2 de septiembre, el juez Anthony Cuevas Ramos desestimó una petición de mandamus presentada por Eva Prados Rodríguez, candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana, que buscaba que ese cuerpo legislativo revelara información sobre su nómina de los pasados ocho años.

Específicamente, los nombres de todos los empleados, las posiciones que ocupan o han ocupado y sus salarios.

El magistrado concluyó que la controversia legal no estaba madura en la medida en que la Cámara no se ha había negado a entregar la información solicitada. Cuevas Ramos consignó en su sentencia que la administración de la Cámara le dijo por escrito a Prados Rodríguez que la petición era “demasiado amplia y onerosa” y le solicitó a la demandante que enmendara “la descripción de lo solicitud para poder responder a su solicitud”.

Días después, la Cámara hizo una entrega parcial de la plantilla de los empleados de la Cámara, aunque no los dividió por oficina y tampoco incluyó la información sobre el salario. Prados advirtió a El Nuevo Día hoy que podría acudir al Tribunal si el cuerpo legislativo no cumple con la entrega completa de la información solicitada.

“Hasta que no se entreguen los salarios vamos a continuar en el Tribunal”, dijo Prados Rodríguez.

De hecho, la candidata también demandó al Senado solicitando la misma información. En ese caso, Cuevas Ramos le dio al cuerpo legislativo 10 días que vencen el lunes para que se entregue la información solicitada o exprese cualquier reparo.

“Son fondos públicos y el país tiene el derecho a conocer cómo se están utilizando. Divulgar los salarios en la Asamblea Legislativa debe ser una práctica continua porque así el pueblo sabe cómo se utilizan esos fondos”, dijo Prados Rodríguez al señalar que con esa información se pueden identificar casos de nepotismo y esquemas de corrupción.

Sobre el reclamo del presidente cameral en el sentido de que divulgar los salarios de los empleados pone en riesgo su seguridad personal, Prados Rodríguez señaló que ella no está solicitando la dirección de cada empleado.

“Es nombre, puesto y salario. Aquí no hay un issue de intimidad”, dijo.

El caso de Urayoán Hernández

Orlando Aponte Rosario, retador popular de Urayoán Hernández Alvarado, representante por el Distrito 26 de la Cámara de Representantes obtuvo una victoria judicial en agosto cuando el Tribunal ordenó a la Cámara a divulgar información sobre la nómina de la oficina del legislador penepé.

Aponte Rosario, según explicó, hizo su primera petición en la Cámara en abril, pero no recibió respuesta alguna.

Entonces, el 4 de agosto presentó su recurso legal en el Tribunal de San Juan para solicitar información pública.

El cuerpo legislativo presentó una moción de desestimación argumentando, como en el caso de Prados Rodríguez, que no se negaba a entregar la documentación solicitada, pero que su preparación y entrega tomaría tiempo.

“Ellos querían seis meses”, dijo Aponte Rosario.

Tras una vista oral, el juez falló a favor del demandante.

Con la información recibida, Aponte Rosario ha denunciado como una empleada de Hernández Alvarado gana $7,200 mensuales y cómo el legislador le ha dado contratos a su compadre y le ha dado acceso, en calidad de empresario, a subastas del gobierno.