El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, aseguró acción en esta sesión legislativa para atender el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, pero afirmó que ese cuerpo legislativo no ha actuado porque lo que aprobó el Senado fue un informe sin un proyecto de ley que permita su implantación.

Al mismo tiempo, enfatizó que el análisis requiere una certificación sobre la disponibilidad de los $6,300 millones que, según estimados de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), se necesitarían para ejecutar las estrategias y recomendaciones contenidas en el documento a corto, mediano y largo plazo.

“El informe final se presentó sin un texto de ley, sin un texto íntegro de un plan y sin una certificación de los fondos para su implementación. Por eso es que, cuando reiniciamos la sesión legislativa, en enero de este año, se devolvió a la Comisión Conjunta (sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático) para que se atendieran esos dos asuntos”, alegó Méndez, en conferencia de prensa.

Desde finales de 2025, el plan para atender el cambio climático ha permanecido en un limbo que mantiene al país desprovisto de una política pública clara y certera para responder a problemas crecientes como la erosión costera y el calor extremo.

Méndez sostiene que la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático refirió a la Cámara -el 18 de noviembre de 2025- un informe final sobre el plan, pero el Senado insiste en que no solo consideraron el informe final, sino que también aprobaron el plan, y así lo hicieron constar en una misiva cursada a La Fortaleza el 20 de noviembre de ese año.

En otra misiva, con fecha del 1 de diciembre de 2025, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, subrayó, además, que el Artículo 16 de la Ley 33-2019 establece expresamente que, si la Asamblea Legislativa no actúa sobre el plan al finalizar la sesión ordinaria asignada para su evaluación, el documento se dará por aprobado y será enviado de inmediato al gobernador para su firma o veto.

“En vista de lo anterior, aunque el informe fue aprobado por el Senado, mas no así por la Cámara de Representantes, es de aplicación la citada disposición”, acentuó Rivera Schatz en esa carta, al resumir la interpretación senatorial del mencionado artículo.

La Fortaleza, al igual que la Cámara, ha argumentado que el documento que recibieron fue el informe preparado por la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático y no el plan en sí.

Según Méndez, para aprobar un plan que verdaderamente atienda el cambio climático, se tendrían que haber cumplido dos condiciones: el comité de expertos debió haber presentado un proyecto de ley formal para la evaluación de la comisión conjunta y su posterior votación en el hemiciclo, o, en la alternativa, el informe entregado debía contener un diagrama claro que sirviera de guía para confeccionar una legislación.

“La Asamblea Legislativa, claro que puede aprobar un informe, pero el informe no mueve nada. El informe no es una legislación”, recalcó.

En una misiva, ¿el Senado sostuvo que habían aprobado el plan?, le cuestionó El Nuevo Día.

“La carta puede decir lo que sea, pero lo que nosotros tenemos ante nuestra consideración es un informe. Las comisiones siempre rinden informes sobre resoluciones de investigación y eso, pero cuando se aprueba un informe, se aprueba y se envía a las agencias concernidas. Entonces, si aprobábamos un informe era enviárselo a La Fortaleza y, ¿qué iba a hacer? Pues recibirlo", planteó el líder cameral.

En una entrevista la semana con este medio, Rivera Schatz insistió en que actuaron. “Recibimos recomendaciones, escuchamos a la gente que sabe del tema, entendidos en la materia, profesionales que no tienen, necesariamente, ningún criterio político, apasionamiento... y el Senado aprobó un informe. El Ejecutivo que diga lo que quiera. La Cámara que diga lo que quiera. Yo digo, el Senado lo atendió y cumplimos”, aseveró.

Méndez adelantó que recomendó a su delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) citar de forma inmediata a los miembros del comité de expertos y a las presidentas de la comisión conjunta, la senadora Marissita Jiménez y la representante Elinette González, para discutir los pasos a seguir. El objetivo de este encuentro será estructurar y radicar un proyecto de ley junto al plan para tener visibilidad, adelantó.

A la misma vez, reiteró que hay que considerar de dónde se obtendrán los $6,300 millones que cuesta implementar las medidas recopiladas en el plan.

“He escuchado a algunas personas decir: ‘Ah, eso se busca después en fondos federales’. Yo no funciono así, por eso tenemos una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), porque pensamos o tenemos gusto de champagne pero el bolsillo de maví... creo firmemente que sí, que tenemos que aprobar algo pero tenemos que ser responsables en lo que aprobemos”, subrayó.