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Comenzará en febrero la evaluación de medidas que reformulan el modelo de compensación de los legisladores

Una de las propuestas, el Proyecto del Senado 1353, reduciría el salario básico de los legisladores de $73,775 a $30,000 anuales

29 de enero de 2024 - 12:00 PM

El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, propone reducir el salario de los legisladores y eliminar las restricciones sobre los ingresos de otras fuentes que pueden recibir. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

La evaluación del paquete de medidas legislativas para estudiar la posibilidad de reformular la figura del legislador podría comenzar a mediados de febrero, informó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, autor de la propuesta.

“Vislumbro que las vistas públicas comenzarán a mitad de febrero, tan pronto se me asigne el proyecto”, dijo el legislador en referencia al Proyecto del Senado 1353.

Inicialmente, explicó, la pieza legislativa fue asignada a la Comisión de Asuntos Internos, pero al inicio de la sesión ordinaria le solicitó al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que permitiera que la Comisión de Proyectos Estratégicos -la cual preside- liderara la discusión.

Creo que el asunto del trabajo legislativo requiere evaluación desde todas las perspectivas. Quiero atender la medida sin restricciones”, expresó Aponte Dalmau.

Pienso que el camino debe ser otro. Creo que el camino debe ser redefinir la participación de los legisladores, porque nunca la hemos definido. Ahora mismo, tenemos una ley de legislador ciudadano, pero es legislador ciudadano trabajando todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Tal vez no es tan ciudadano, porque no tiene el insumo de lo que está pasando en la sociedad en los diversos sectores porque está inmerso en la política”, mencionó.

El Proyecto del Senado 1353 redefine la figura del “legislador ciudadano”, creada bajo la Ley de Salarios Emolumentos para los miembros de la Asamblea Legislativa (Ley 97 de 1968), al establecer un nuevo modelo de compensación, que reduce el salario básico de $73,775 a $30,000, y elimina las restricciones de ingresos adicionales “sujeto al cumplimiento de estrictos controles éticos y de transparencia”.

El salario base de los legisladores es de $73,775. Mientras, los presidentes de cada cuerpo legislativo reciben una compensación de $110,663 y, los vicepresidentes, de $84,841.

La medida impone, además, un tope de $20,000 por año natural a la cantidad que se puede reclamar por reembolso de millaje y autoriza a los presidentes legislativos a ajustar el pago del sueldo por ausencias injustificadas a las sesiones.

La Ley 97 de 1968 permite a senadores y representantes, bajo la definición de “legislador ciudadano”, recibir ingresos extra en el ejercicio de una profesión u oficio, de hasta un máximo de un 35% de su sueldo como funcionario electo. Actualmente, según reportó El Nuevo Día, 12 legisladores -cuatro senadores y ocho representantes– devengan salarios por gestiones no relacionadas con el cargo por el que fueron electos.

Ante la consideración de la Legislatura, también están el Proyecto del Senado 1351, que propone acortar a mes y medio la segunda sesión ordinaria del año, y la Resolución del Senado 843, que busca crear una comisión especial para analizar todas las propuestas encaminadas a mejorar la representatividad y costo efectividad de la Asamblea Legislativa. Ambas son también de la autoría de Aponte Dalmau.

“¿Quién puede hacer ese 35%? Yo lo podía hacer antes cuando daba clase en la universidad y tenía que dar una clase a las 7:00 a.m., pero en tiempo de campaña es bien complicado”, declaró Aponte Dalmau.

Previamente, este rotativo consultó a varios legisladores y ninguno favoreció la propuesta de Aponte Dalmau, según redactada, alegando que su aplicación limitaría la participación ciudadana en los procesos legislativos.

Por ejemplo, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos, opinó que aprobar el modelo propuesto significaría regresar a las sesiones en horarios nocturnos y evitaría la participación de las mujeres en la Legislatura.

Aponte Dalmau, sin embargo, destacó el uso de la tecnología -con mayor presencia en los procesos legislativos desde la pandemia por COVID-19- y su importancia para insertar a los ciudadanos en las labores legislativas.

“Que yo sepa estamos en el siglo 21. ¿Por qué las vistas públicas tienen que ser todas presenciales? ¿Por qué no hay una estructura digital para que los miembros de la Legislatura, mientras están haciendo otras gestiones, se puedan conectar, cumplir con su desempeño profesional y hacer su trabajo legislativo como ocurre en otras jurisdicciones?”, argumentó.

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