La representante Mariana Nogales es coautora de la medida. (Teresa Canino Rivera)

Un proyecto de ley que la garantizaría a todo ciudadano procesado al amparo de una vista de causa para arresto -comúnmente conocida como vista de Regla 60- y acceso a las declaraciones juradas que se utilicen para acusarlo pasó esta tarde el cedazo de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

El Proyecto de la Cámara 459, aprobado unánimemente, ahora pasa a la consideración del pleno cameral en la próxima sesión legislativa.

“El imputado tendrá derecho a requerir copia de toda declaración o declaraciones juradas que el Ministerio Público tenga en su posesión en el sumario fiscal al momento de presentar la denuncia, previo al inicio de la vista de causa probable para arresto”, lee parte del proyecto.

De hecho, en el proyecto se añadió un lenguaje para disponer que será suficiente causa para desestimar cargos el que no se cumpla con esta nueva regla de procedimiento criminal.

La medida también regula la facultad que tiene el ministerio público para presentar cargos en ausencia y establece las causas que no se considerarán como justificadas para presentar cargos de esa manera: cuando el ciudadano comunique que está disponible para acudir a la vista, cuando el sospechoso de delito esté bajo custodia estatal o federal y cuando se tenga una dirección física de trabajo o residencial del sospechoso en que se le pueda notificar la radicación de cargos.

“No obstante, la determinación del Ministerio Público de que existen circunstancias justificadas para someter el caso en ausencia será merecedora de amplia deferencia por parte del magistrado”, lee el proyecto.

En la medida también se dispone que si un magistrado determina causa probable sin la presentación de una denuncia, tendrá que levantar un acta exponiendo datos como el delito por el que se encuentra causa, la fecha, la hora y el sitio donde se cometió el delito imputado. Igualmente se dispone que las autoridades tienen que llevar ante un juez en un periodo no mayor de 24 horas a una persona arrestada luego de que se expidiera una orden de aprehensión en ausencia.

El Departamento de Justicia se opuso a la medida de los representantes Orlando José Aponte y Mariana Nogales, ya que la medida supuestamente afecta “adversamente” la forma en que se investigan casos criminales. Según la agencia, el cambio propuesto resultaría oneroso para el ministerio público y convertiría la vista de causa para arresto en un evento similar a un juicio.

“Lo propuesto en esta medida legislativa convertirá el proceso en uno potencialmente adversarial, lo que requeriría la designación de fiscales adicionales para que comparezcan a estas vistas de determinación de causa para arresto”, indicó la representación de Justicia en una vista pública reciente al sostener que, con acceso a la denuncia, la defensa del imputado ya tiene conocimiento de qué se le acusa.

Ese documento ya contiene datos como los nombres de los testigos de cargo, el nombre del fiscal que autorizó la denuncia y el o los nombres de los agentes, entre otros datos.

La Sociedad para la Asistencia Legal y la Pontificia Universidad Católica avalaron el proyecto.

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