El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, rechazó este martes que el presupuesto del próximo año fiscal ponga en riesgo los servicios esenciales, y afirmó que la mayoría de las dependencias públicas recibieron partidas operacionales similares a las vigentes.

Al cierre de esta edición, la Cámara aún esperaba la certificación del Senado para concurrir con las enmiendas incluidas por dicho cuerpo en la propuesta presupuestaria del gobierno, ascendente a $13,095 millones, contenida en la Resolución Conjunta de la Cámara 136.

Tras la concurrencia, la medida estaría lista para ser enviada a La Fortaleza, para la firma de la gobernadora Jenniffer González.

“Aquí, no se le añadió ni un punto ni una coma que no fuera acordada con ellos”, expuso Charbonier, en referencia a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El presupuesto vigente –que vence el 30 de junio– es de $13,062 millones.

En el caso del Departamento de Educación, su próximo presupuesto asciende a $3,044 millones, versus $2,869 millones al presente. Los fondos adicionales van dirigidos a ampliar los programas de rendimiento académico, la reconstrucción de planteles y la implantación de tecnología avanzada en el aula.

Para el Departamento de Salud, mientras, se destinaron $1,646 millones, es decir, $121 millones adicionales. De esta partida, $834.5 millones corresponden a la Administración de Seguros de Salud (ASES), para un incremento de $87.4 millones. La ASES presentó un descuadre de $109 millones a causa de un alza mayor a la proyectada en las tarifas contractuales de las aseguradoras que gestionan el Plan Vital. Al respecto, Charbonier indicó que el déficit se atendió con las reservas y fondos estatales del gobierno.

“Hubo que buscar los fondos dentro del fondo de reserva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)… cortar de otras partidas de ‘CapEx’, de fondos de mejoras permanentes que tiene el Ejecutivo, y su pusieron ahí. Si eso no hubiese pasado, tuviéramos más reservas ahora y estuviéramos más cómodos para poder ayudar en otra cosa que surgiera”, apuntó Charbonier.

Entre otras dependencias que sufrirán cambios el próximo año fiscal, están el Instituto de Ciencias Forenses, que verá un incremento de $2.9 millones para la retención de personal y contratación de nuevos especialistas; y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con un alza de $108,000 para la expansión de servicios de orientación y atención a víctimas de violencia de género.

La Oficina del Procurador del Veterano recibirá un alza de $402,000, mientras que, al Departamento de Asuntos al Consumidor, se le asignaron $426,000 más.

“Las agencias se quedaron básicamente similares. No hay cambios mayores. Sí, Educación nos causó un dolor de cabeza; Salud nos causó un dolor de cabeza”, argumentó Charbonier.

Además del descuadre en la ASES, Educación presentó un déficit de casi $200 millones debido a la pérdida de fondos federales. “Aquí, el problema fue Salud y Educación”, puntualizó el representante novoprogresista.

Por otro lado, Charbonier subrayó que el presupuesto atiende las necesidades de las agencias, pero reconoció que las asignaciones para, por ejemplo, el pago de horas extras de la Policía, dependen de estimados.

El Negociado de la Policía es una de las dependencias que verá una merma en su presupuesto, como resultado de la disminución de fondos asignados a la Reforma de la Uniformada. Su presupuesto asciende a $860.9 millones, $10.2 millones menos el vigente.

“Esta reducción no afecta los gastos operacionales del Negociado, sino que responde a un ajuste en la partida de nómina, específicamente en los contratos que eran financiados por la Oficina de la Reforma de la Policía”, lee el informe de la Comisión de Hacienda del Senado.

Bajo la custodia de la OGP, se mantiene, además, una asignación de $3.1 millones destinada a subsidios de transporte para oficiales de la Policía.

Abordado sobre si le preocupaba la situación fiscal de alguna entidad gubernamental, Charbonier indicó que, a través del año, se darán a la tarea de citar a los jefes de agencia para ver cómo están manejando los fondos asignados.

“Recuerda que estamos en los ‘what if’ (suposiciones). Si mañana (el presidente) Donald Trump se levanta con el ‘Big Beautiful Bill’ (proyecto de reconciliación fiscal) que él dice que va a presentar al Congreso y nos quita alguna partida, hay que estar preparado”, expuso Charbonier.

El plan de gastos del gobierno dispone una reserva del 5% del presupuesto.

Otra dependencia que tendrá que operar con menos de lo solicitado es la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), que este año manejó un presupuesto de $157.4 millones. Para el próximo, tendrá $150.9 millones.

“A pesar de la reducción presupuestaria, Assmca ha asegurado que los programas de prevención, tratamiento y apoyo comunitario continuarán operando con normalidad”, establece el citado informe.

Para el próximo año fiscal, la Oficina de Ética Gubernamental verá un recorte de $89,000; y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de $3.1 millones, que responden a la eliminación de asignaciones especiales que estaban destinadas a proyectos de obra permanente y compra de equipo.

“Además, se identificaron reducciones en gastos administrativos, incluyendo ajustes en contratación de personal y racionalización de costos operacionales”, dispone el informe sobre el DTRH.