El sistema de cavernas del río Camuy, los ríos Encantado y Tanamá y el caño Tiburones –el humedal de mayor extensión en Puerto Rico– son algunos de los lugares “más emblemáticos” de la zona kárstica que quedarían desprotegidos bajo una nueva legislación que pondría en riesgo recursos vitales como el agua y hábitats de especies en peligro, advirtió este miércoles la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Se trata del Proyecto de la Cámara (PC) 1079, una medida que, según la colectividad, fomentaría la construcción desmedida, facilitaría la reclasificación de terrenos y agilizaría la aprobación de megaproyectos.

“Lo que pretende este proyecto es un atentado frontal contra uno de los recursos esenciales del país, del que dependemos para tener agua para tomar, protección de la que depende la estabilidad de comunidades que se verían afectadas por nuevas construcciones y la existencia de especies que son valiosísimas para nuestro país”, señaló la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago.

Explicó, en conferencia de prensa, que la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, elimina de la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica” (Ley 292-1999) la palabra “conservar” y la sustituye por “aprovechar”, y añade que la zona es “fuente de materia prima” esencial para el desarrollo económico.

“¿Qué ‘materia prima’ es esa? El agregado que antes se extraía y el agua de la que dependen, como sabemos, muchos proyectos que están ahora mismo en controversia”, expuso Santiago, a quien le acompañaron los demás miembros de la delegación del PIP, así como de representantes de entidades que velan por la protección del medioambiente.

Denunció que la pieza, igualmente, elimina la extensión de la zona kárstica contemplada en la Ley 292 para dejar su redefinición en manos de la Junta de Planificación, al tiempo que anula la prohibición actual de construir torres de telecomunicaciones. También, incluye un párrafo sobre la primacía del uso y disfrute de la propiedad privada por encima de cualquier ley o reglamentación.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Méndez, pero no hubo respuesta.

La liberalización de las restricciones al karso, según Santiago, facilitaría, por ejemplo, la extensión del vertedero de Toa Baja hacia la zona kárstica que colinda con el hábitat del coquí llanero, así como la aprobación de permisos a proyectos como Esencia, en Cabo Rojo.

“Esto se trata de la institucionalización en Puerto Rico, por parte del gobierno, de la destrucción de los recursos naturales y el medioambiente, y de perjudicar o delimitar a todas aquellas personas y grupos que promueven un mejor país”, dijo, por su parte, el portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez.

Las regiones kársticas, según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, abarcan cerca del 27% de la superficie de Puerto Rico. En el norte, existen desde Loíza hasta Aguada; en el sur, de forma discontinua, desde Juana Díaz hasta Cabo Rojo. Las islas de Mona y Monito son de formación kárstica.

“En algunos municipios, como Florida, la composición del karso es la garantía de la seguridad y de la estabilidad de toda la gente que vive allí. En Florida, el karso es la única estructura para el desagüe pluvial. Por lo tanto, si se afectan los sumideros, el pueblo de Florida se inunda”, especificó Santiago.

Durante este cuatrienio, Méndez ha presentado varias legislaciones que, de una forma u otra, impactan los recursos naturales. Entre estos, están el PC 25, que redefine la zona marítimo terrestre; y el PC 862 –posteriormente retirado–, que colocaba en manos privadas el desarrollo de la región este.

“El karso no es un capricho; el karso es vital para la supervivencia de nuestra sociedad”, expresó, por su parte, Julio Rodríguez, de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico.

José Díaz, de la Sociedad Espeleológica Unida del Sur, añadió que el proyecto lleva a la Ley 292 de una visión de preservación a una de “explotación de los recursos”. Alegó que se trata de un “proyecto de encargo”, que tendría como consecuencia la proliferación de canteras y la extracción desmedida de arena.

“Este proyecto va cogido de la mano de muchos intereses económicos y contra esto es que tenemos que lidiar las organizaciones”, dijo Díaz.

El Sierra Club Puerto Rico también se expresó en contra de la medida.